El Presidente habría aportado cerca de 350 mil dólares para la conformación de un equipo de comunicación que tiene como objetivo llevar adelante una guerra mediática contra los gobiernos de Colombia y México.
Luego del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo libertario en tener que dar explicaciones sobre sus acciones podría ser el presidente Javier Milei. Tras los audios filtrados en los que se oye al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández hablar de una red de fake news para desprestigiar a varios líderes latinoamericanos en la que el libertario habría aportado 350 mil dólares, el diputado Nicolas Trotta envió a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para expresar una “profunda preocupación” ante los presuntos hechos y pedirle explicaciones al Presidente y sus funcionarios. “No solo atacan la libertad de expresión en la Argentina (…) sino que ahora tomamos conocimiento que financian en Centroamérica una unidad para desprestigiar el gobierno de México, de Colombia y de Honduras”, arremetió Trotta.
La semana pasada, se difundió una serie de audios publicados por el Diario Red de España y el portal Hondurasgate, que datan del 30 de enero de este año. En los archivos, Juan Orlando Hernández (JOH, en su país), dialoga con el actual mandatario hondureño Nasry Asfura y su vicepresidenta, María Antonieta Mejía acerca de la la conformación de un equipo de comunicación que tiene como objetivo llevar adelante una guerra mediática contra los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México. En junio de 2024, JOH fue condenado en Nueva York a 24 años de prisión por delitos de narcotráfico y posteriormente indultado por el presidente estadounidense Donald Trump, alegando que sintió “con mucha fuerza que este hombre -por Hernández- fue tratado muy mal”.
Según las palabras del hondureño, el rol de Milei en el entramado difamatorio que encabeza Trump sería contribuir al financiamiento para el armado de fake news. “Pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también”, le contó JOH a María Antonieta Mejia, a lo que la actual vice le recomendó: “Presidente, si gusta, omitamos los detalles”.
Ante esta situación, Trotta compartió un video en sus redes sociales anunciando el proyecto declaración y solicitud de informe que envió al Congreso de la Nación. “Esto es gravísimo, Milei y su gobierno no tienen paz”, comenzó el diputado de Unión Por la Patria. “No solo atacan la libertad de expresión en la Argentina, insultando, persiguiendo e intimidando periodistas y cerrando la sala de periodistas de la Casa Rosada, sino que ahora tomamos conocimiento que financian en Centroamérica una unidad para desprestigiar el gobierno de México, el gobierno de Colombia y el gobierno de Honduras -en referencia al expresidente Manuel Zelaya-”, disparó Trotta.
El proyecto de resolución que envió el exministro de Educación de la Nación a la Cámara baja estipula, en primer lugar, expresar “profunda preocupación” ante “la posible existencia de acciones de injerencia comunicacional o digital en procesos políticos de otros Estados, con el objetivo de llevar adelante una guerra mediática” contra los gobiernos de Sheinbaum y Petro. Además, le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe si Milei o sus funcionarios mantuvieron conversaciones con JOH y/o impulsaron “programas, estrategias o acciones de comunicación digital orientadas a influir en la opinión pública de otros Estados”.
En caso de que la respuesta a la segunda pregunta sea afirmativa, Trotta le exige al oficialismo que explicite mediante qué organismo llevan a cabo esta estrategia, cuál es el marco normativo que regula dichas actividades y cuáles son los objetivos, alcances y criterios para su implementación.
En el texto, el legislador explica que “la injerencia comunicacional en procesos políticos de otros Estados” va contra “los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución
Nacional, donde se establece que el Gobierno debe fortalecer las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, en concordancia a las obligaciones asumidas por la República Argentina en el marco del derecho internacional”. Por esta razón, resalta la necesidad de “una respuesta inmediata de nuestro Congreso Nacional, no solo en su función de control, sino también como resguardo del interés nacional y del posicionamiento internacional de la República Argentina”.
Para el diputado, la situación no solo representa gravedad geopolítica, sino que implicaría “un apartamiento de los fines propios de la administración pública y del marco legal vigente”, por lo que, de comprobarse estas conductas, “podrían encuadrar en figuras previstas en el ordenamiento penal de nuestro país” como “el incumplimiento de los deberes de funcionarios público, sin perjuicio de las responsabilidades políticas que correspondan”.
Además, Trotta recuerda la conformación de la Oficina de Respuesta Oficial en febrero de este año -días después de los audios de Hérnandez-, con el objetivo de que “los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”, según el comunicado oficial. Para el dirigente, “esto no hace más que recalcar la doble vara que el Poder Ejecutivo Nacional utiliza constantemente”, remarcando que, al tiempo que son denunciados por “posibles acciones de injerencia comunicacional en procesos políticos de otros estados”, impulsan “la creación de estructuras estatales destinadas a la coordinación de la comunicación digital, configurando un escenario de dualidad institucional que no puede ser soslayado por este cuerpo legislativo”, sentenció, incentivando a sus pares a acompañar el proyecto.
