La crisis política que generó el fallo de la Corte Suprema al dejar sin efecto la Ley de Tierras, aunque después fue dado vuelta, puso en jaque al DNU 70/23. Tres focos de tormenta arrecian sobre el oficialismo en las próximas sesiones junto a la Marcha Federal Universitaria que unirá luchas.
El fallo contrarreloj de la Corte Suprema de Justicia le dio al Gobierno un salvoconducto para escapar de una crisis política que puso en riesgo la vigencia del DNU 70/2023. La primera resolución, del 29 de septiembre, dejó sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras a la compra por parte de extranjeros y le dio a la oposición el impulso que no había conseguido en casi tres años para avanzar contra el decreto. Con la nueva resolución, el Gobierno respiró aliviado y apuesta a que la sesión del 15 de octubre naufrague.
En paralelo, convocó a sesionar el próximo 21 para “resolver la cuestión de las tierras”. Pero los problemas se acumulan. La emergencia en discapacidad próxima a vencer, el sobreendeudamiento de millones de argentinos y el financiamiento universitario que el Gobierno se niega a cumplir mantienen abiertos tres frentes de tormenta que la Casa Rosada no puede eludir. El próximo 15, la movilización llevará esos reclamos a la calle y sumará presión al Congreso.
Respaldos a la prórroga de la emergencia en Discapacidad
La visita pastoral al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, que el papa León XIV incluyó durante su estadía en el país, le dio visibilidad a un sector con el que la gestión libertaria se mostró impiadosa tras vetar y judicializar la emergencia sancionada en 2025. A esa pelea se sumó el proyecto de Presupuesto 2027, que incluyó un capítulo para modificar la ley por la vía presupuestaria. El articulado retomaba el criterio de “invalidez laboral” para acceder a una pensión, eliminaba el acceso directo mediante el Certificado Único de Discapacidad y establecía la incompatibilidad del beneficio con cualquier empleo registrado. El capítulo cayó “como una bomba atómica”, según lo definió Patricia Bullrich, y abrió un sinfín de internas entre propios y aliados.
Tras varios días de cortocircuitos, Martín Menem negoció con los dialoguistas un proyecto que retoma los pilares de la emergencia que la oposición se encaminaba a prorrogar. La maniobra buscó recuperar la confianza del PRO, la UCR y el MID y descomprimir el conflicto con el sector en la antesala de la visita del Papa. Pero el nuevo texto aún no saldó la discusión. Para la oposición, el parche libertario “carece de credibilidad”. Por eso mantiene la decisión de prorrogar la emergencia hasta diciembre de 2027 en la sesión del próximo 15 de octubre.
El acuerdo tampoco terminó de convencer a los aliados. Ante las versiones de que el Ministerio de Economía no avalaría el dictamen acordado, los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, junto con el misionero Oscar Herrera Ahuad y Álvaro González, reclamaron que se informe con urgencia el monto de las partidas necesarias y pidieron introducir cambios al dictamen que no fueron tenidos en cuenta. Según supo este diario, estos legisladores les anticiparon a las organizaciones que acompañarán la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y no el proyecto del oficialismo.
El dictamen oficialista también cosechó el rechazo de organizaciones de personas con discapacidad, entre ellas REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, RALS y Andar. Cuestionan que se haya elaborado sin la consulta que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La carta que expresa ese rechazo reúne 1.583 adhesiones.
Por su parte, el Consejo Federal de Discapacidad, donde están representadas las 24 jurisdicciones, respaldó la prórroga. Quince provincias y ocho representaciones de organizaciones no gubernamentales votaron a favor sin disidencias, mientras que otras seis provincias acompañaron con disidencias. También la Iglesia sumó su advertencia. El 5 de octubre, el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social le pidió al Ministerio de Salud sostener la prórroga y alertó que el sistema “podría quedar sin marco legal” el 31 de diciembre.
El Foro Permanente Discapacidad envió a Martín Menem, Gerardo Huesen y Gabriel Bornoroni una carta respaldada por 3.952 firmas que, hasta ahora, no recibió respuesta. Por eso convocó a movilizarse el próximo 15 a las 10.30 para exigir la prórroga de la emergencia “tal como está vigente”. Si la oposición no consigue quórum ese día para habilitar la sesión, la discusión pasará a la semana siguiente, donde el dictamen del oficialismo y el de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad estarán “voto a voto”, según las fuentes parlamentarias consultadas.
Sobreendeudamiento de los hogares
Las deudas de los hogares son el otro frente que el Gobierno no consigue desactivar y que integra el temario de ambas sesiones. El 54% de los encuestados se atrasó o dejó de pagar alguna obligación en los últimos meses, según un informe de la Fundación Pensar, el think tank del PRO que preside María Eugenia Vidal, y la consultora Casa Tres. El relevamiento señala que casi seis de cada diez argentinos tomaron un préstamo, usaron crédito o financiaron gastos en los últimos meses, una proporción que aumenta entre las mujeres y los sectores de menores ingresos.
La relevancia política es que el informe emana de una de las usinas del PRO, cuyos diputados acompañaron el dictamen que impulsa el oficialismo. El diagnóstico expone los límites de la deficiente respuesta parlamentaria que promueven estos bloques. El dictamen oficialista, respaldado por el PRO y la UCR, apuesta a la educación financiera y a que los usuarios tengan más información antes de contratar un préstamo. Pero no contempla mecanismos de alivio para los millones de hogares que ya contrajeron deudas. “El proyecto del oficialismo se basa en que el problema del sobreendeudamiento que hoy afecta a 20 millones de argentinos es solo un problema de falta de educación en el manejo de las finanzas domésticas y de falta de información, no reconoce ninguno de los factores que explican esta situación”, dijo a este diario la socióloga y activista de Movida Ciudad Luci Cavallero.
Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsan un “Régimen de Regularización y Alivio Financiero”. El proyecto contempla una emergencia de 180 días, prorrogable, con límites a los intereses de tarjetas y billeteras, los gastos y las comisiones. Propone refinanciar las deudas en hasta 36 meses, según el monto, y eliminar los intereses punitorios, sin quitar el capital ni los intereses compensatorios. Las cuotas no podrán superar el 30 por ciento de los ingresos del deudor. La oposición cree que podrá imponer este dictamen en la sesión del 21 de octubre y, de aprobarse, sumará un revés legislativo para el gobierno.
Financiamiento universitario, tema central en comisiones
La semana que comienza será clave porque el oficialismo empezará a discutir formalmente el Presupuesto 2027. Esta vez, sin presentación en el prime time televisivo, será el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien defenderá el texto el martes en la comisión que preside Bertie Benegas Lynch. El financiamiento universitario será uno de los temas centrales.
El viernes, el Gobierno que vetó la ley y la incumple, a pesar de que ambas cámaras ratificaron el texto con mayorías especiales, apeló el fallo judicial que declaró parcialmente inconstitucional el decreto que suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento.
El miércoles de la semana que cierra, los rectores de las universidades nacionales se reunieron en el Cabildo de Buenos Aires para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario e incluya esos fondos en el proyecto de Presupuesto 2027 que se debatirá en el Congreso.
El próximo jueves, la oposición buscará exponer en el recinto a quienes aún respaldan el andamiaje normativo libertario contenido en el DNU 70/2023. En la calle, la movilización federal universitaria sumará los reclamos del colectivo de personas con discapacidad y de los endeudados. El Gobierno apuesta a que el nuevo fallo de la Corte le alcance para desarmar la sesión. La oposición, a que la presión de esos sectores ayude a reunir y sostener el quórum.
