En la Legislatura porteña, endeudados relataron los violentos mecanismos mediante los cuales los bancos y otras entidades reclaman los pagos.
La Legislatura porteña fue testigo este lunes de la peor cara de la crisis de morosidad que hay en la Argentina. En una audiencia convocada por el legislador del bloque Fuerza por Buenos Aires Leandro Santoro, endeudados relataron cómo son los mecanismos violentos mediante los cuales los bancos y otras entidades financieras llaman para reclamar los pagos de las deudas, con amenazas de embargos y contactos con familiares, amigos, vecinos e, incluso, jefes. Mientras los ciudadanos denuncian estas prácticas abusivas, el Gobierno nacional se desentiende: la Casa Rosada insiste en que son acuerdos entre privados y, por ahora, no muestra señales de asistencia a los morosos.
La audiencia se realizó en el marco de la iniciativa de Santoro de crear un nuevo régimen de protección frente a las cobranzas extrajudiciales en la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas, propone un sistema obligatorio de licencias para las agencias de cobranza, un registro público que permita verificar quién está autorizado a reclamar una deuda y desde qué teléfonos o canales puede hacerlo, mayores mecanismos de control y sanciones frente a prácticas abusivas, y un programa gratuito de asistencia y recepción de denuncias para las personas afectadas. Para escuchar a las víctimas de esta crisis, convocó a los afectados a que contaran su historia en el órgano legislativo porteño.
Los testimonios de las víctimas
Su hermana se suicidó después de que la amenazaran
Uno de los testimonios más fuertes de la exposición se escuchó al inicio, cuando Érica contó la historia de su hermana, Camila. “En la madrugada del 20 de noviembre, a las 4 de la mañana, recibí la llamada de mi papá diciéndome que mi única hermana se había quitado la vida”, inició.
A medida que avanzó el relato, Érica profundizó el recuerdo de lo que había sucedido a partir de que la Policía Científica incautara “cuadernos, papeles, comprobantes y evidencia” que permitía reconstruir las “últimas horas de vida” de su hermana. “El 19 de noviembre, mi mamá recibió un mensaje por WhatsApp de un supuesto estudio jurídico. Un audio, una voz masculina, decía ser abogado y hacía referencia a una deuda que mi hermana tenía con una empresa”, indicó y siguió: “El audio era sumamente violento y amenazante. Nombraban a mi hermana como deudora y amenazaban con embargar los pocos bienes que tiene mi papá, aun cuando él nunca había firmado una hipoteca ni había dejado esos bienes como garantía por un préstamo de mi hermana”.
Su madre, “al no entender la situación”, le reenvió el audio a Camila. “Una hora después, Camila se quitó la vida“, lamentó. “El hostigamiento no terminó con la muerte de mi hermana. Antes y después de su muerte, distintos familiares recibimos notificaciones amenazando con ejecutar embargos, a pocos días del entierro seguían llegando personas a dejar avisos de deuda en la puerta de la casa de mi papá. Una reconocida financiera, incluso, me envió un mail amenazándome con quitarme un derecho económico que percibo por mi único hijo discapacitado”, concluyó Érica.
Lo hostigaron hasta cuando su hijo estaba en coma
En un momento de la audiencia, tomó la palabra un hombre que vive en el barrio de Caballito. No vivi ahí por comodidad, sino que explicó que debe estar en la zona para estar cerca del sanatorio Méndez por cualquier complicación que puede surgir con sus dos hijos con autismo, de 16 y 24 años. “Mis nenes no saben explicar cuando les duele algo, porque puede ser que tengan una fiebre como puede ser que tengan algo peor”, explicó y profundizó: “Hace poco lo operaron a mi nene de 24 años, estuvo en coma farmacológico, justo el día de la final del Mundial. Tuvo un shock anafiláctico, no pudo terminar la operación, le dejaron un ano contra natura. O sea que además de la discapacidad mental, motriz y convulsiones que tiene, ahora tiene un ano contra natura”.
Según narró, su endeudamiento provino de gastos cotidianos, como la suba del alquiler o la necesidad de viajar en autos de aplicación ante la imposibilidad de sus hijos de hacerlo en transporte público. Cuando sacó el crédito, pensó que iba a poder pagarlo a pesar de la tasa alta. “Se me fue acumulando y saqué otro a través de una tarjeta de un supermercado de materiales. No llegué. Saqué uno pensando que iba a poder anular”, lamentó, antes de subrayar que lo llamaron “todos los días”, incluso cuando su hjo “estaba en coma”.
“Te amenazan con te van a confiscar el sueldo. Llamaron a mi mujer, llamaron a los vecinos. A todos los conocidos, no sé de dónde sacaron los contactos”, puntualizó. Además, aclaró que quiere “pagar”, porque están “constantemente” llamándolo y ya no lo “dejan dormir”. Por ese motivo, fue a su banco para informar de su situación. “Me sacó el préstamo por mail. Me dijo él que era una tasa del 40%, que no era más del 80%; ahora me entero por el mail que es de 80%”, apuntó, aunque “en la desesperación” lo firmó, por lo que sigue endeudado y con una cuota que representa “un tercio” de su sueldo.
La mujer señaló que no solamente las tasas quedaron libres, “a usura de los bancos”, sino que los argentinos dejarían de ser tratados como “clientes de los bancos” para convertirse en “rehenes de un sistema Ponzi“. “Y de un sistema Ponzi al revés, donde se ganó plata endeudando a los argentinos. El que no entiende esto no entendió absolutamente nada de lo que está pasando”, expresó y sentenció: “Un DNU es algo que se firma por necesidad y urgencia desde la Presidencia de la Nación porque no se pueden esperar los tiempos perentorios que tiene el Congreso de la Nación, ante una situación de guerra o ante una situación de crisis social. La desregulación de las tarjetas de crédito y del sistema bancario no necesitaban de este DNU. No lo necesitaban, señores, porque teníamos una ley de tarjetas de crédito igual a la de Estados Unidos, Alemania, Italia y España, que resguardaba al consumidor de las tarjetas de crédito. La despedazaron”.
Llamaron hasta a su jefa por una deuda de 2017
Otra señora relató el calvario que vive desde hace casi 10 años por la situación de morosidad. “En el 2017 mantuve una deuda con una tarjeta y quedé sin trabajo. Hace un año y medio conseguí y empezaron a hostigarme. Llamaban a la vecina del octavo piso, porque como es una persona mayor quedó con un número de teléfono fijo, avisándole”, dijo al inicio y siguió: “Me mandaron email, me llaman, llamaron a mi hermana y hace poco llamaron a mi jefa. Yo quise comprometerme en pagar, pero pago un alquiler y trabajo tres veces por semana, no conseguí otro trabajo. El alquiler me aumenta cada tres meses y no pude seguir”.
Hace dos meses, consiguió otro trabajo como empleada doméstica en días que tenía libres, pero todavía no le alcanza. “Me aumentaron el alquiler, las expensas, la luz, el gas y soy sola. Ahora tengo que operarme nuevamente de endometriosis, por eso no tengo hijos, y el hostigamiento sigue estando”, declaró. Si bien las personas que la asesoraron desde la Legislatura le aseguraron que la deuda “caducó”, la siguen hostigando con amenazas. “La última vez que me llamaron, que fue hace más o menos 15 días, me dijeron que si yo no pagaba venían a mi domicilio y me retiraban mis cosas. Aparte de eso, me dijeron que me van a embargar el sueldo, especificó.
