El Presidente se respaldó en la necesidad de un país “más igualitario” para defender el decreto. El jefe de gobierno instruyó al procurador para que se presente en la Corte.
El Gobierno nacional se unió en una cerrada defensa de la decisión de recortar los fondos que la Nación le envía a la CABA para crear un Fondo de Fortalecimiento Fiscal en la provincia de Buenos Aires, luego del anuncio del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que acudirá a la Corte Suprema por considerar la medida inconstitucional. “Una Argentina solidaria se construye y se integra allí donde los recursos que abundan se distribuyen de otro modo para aquellos que los están necesitando”, explicó su resolución el presidente Alberto Fernández. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, subrayó que si este decreto es inconstitucional entonces también lo fue el que firmó Mauricio Macri a poco de asumir que “casi triplicó arbitrariamente” los fondos que recibía el gobierno porteño con el supuesto objeto de sostener el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. Ajeno a estos argumentos, Rodríguez Larreta instruyó al procurador porteño para que reclame en Tribunales la “suspensión inmediata” del decreto. “Hay un convenio entre partes que hay que respetar y no unilateralmente darlo de baja, y sobre todo, en el marco de la pandemia en donde los Estados provinciales tenemos que afrontar una pérdida de recursos importantes”, sostuvo el vicejefe Diego Santilli. La pelea quedó planteada.
Fernández aprovechó que le tocó encabezar un acto de reactivación de obras públicas en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Tierra del Fuego, por una inversión de 31 mil millones de pesos. “Quiero que la Argentina sea un país más igualitario, federal, que crezca no en la concentración de unos pocos sino en la felicidad de millones”, expresó en videoconferencia desde Olivos. Por eso, añadió, “las políticas que tomamos no son en perjuicio de nadie, sino en favor de la gente, dictadas en favor de las mayorías argentinas que están dispersas en todo el país”. El Presidente insistió con algo que luego repetirían varios de sus principales funcionarios: “Vamos a seguir dialogando porque ningún diálogo se rompe”.
El Gobierno encontró en la medida tomada el miércoles como solución a la crisis generada por la protesta de la Bonaerense una bandera en la que encolumnarse, dado que la consideraron “justa y legítima” -según la definición del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- y acorde con la propuesta de campaña de Fernández de impulsar un país con una distribución más federal. Por eso, rescataban el respaldo que rápidamente ofrecieron 19 gobernadores, tanto del oficialismo como de partidos provinciales. Ayer, a través de varios medios, los hombres del Gobierno se dedicaron a desmontar los argumentos con los que Rodríguez Larreta busca frenar la medida.
En un decreto pubicado en el Boletín Oficial porteño, el jefe de gobierno sostuvo que la decisión de Fernández fue “un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional” que “implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad”.
“No es la masa coparticipable lo que se está distribuyendo, son fondos directos que se dieron del Tesoro Nacional a la Ciudad”, insistió Cafiero en respuesta a esta afirmación. Ayer comenzaron a circular algunos videos de 2016 de los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en los que, por un lado, se validaba la vía del decreto para modificar estas partidas y, por el otro, se reconocía que el cálculo había sido erróneo. Efectivamente, ante el enojo de los gobernadores por la decisión de Macri de elevar de un plumazo la coparticipación de la Ciudad del histórico 1,4 al 3,75 por ciento, el ministro Frigerio decía que se iba a firmar otro decreto corrigiendo el porcentaje a un monto más ajustado a la realidad. Pero el enojo de los gobernadores pasó y el decreto quedó en el olvido.
La encargada de estos temas en el Gobierno es la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, quien reveló -en contradicción con la sorpresa que adujo Rodríguez Larreta- que se venían encontrando con el equipo económico porteño para corregir este desfasaje. En ese rumbo, ya habían coincidido en que la Ciudad volviera a percibir el porcentaje del 1,4 por ciento de coparticipación más el adicional correspondiente al sostén de la policía traspasada, que calculó en un 0,92 por ciento.
Por la tarde, en un formato atípico de mensaje grabado tipo spot, Wado de Pedro insistió que era algo que venían conversando entre las dos gestiones y rechazó los cuestionamientos. “No se le sacaron fondos al gobierno de la Ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima, y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”, afirmó. Indicó que seguirían fomentando el diálogo pero que debía ser “sincero y sin picardías”.
Así como los gobernadores vinculados al oficialismo expresaron su respaldo al decreto, desde la oposición se alinearon detrás de Rodríguez Larreta, remarcando la presunta arbitrariedad de la medida. “El remedio es peor que la enfermedad y es una mala señal para las provincias”, aseguró el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff. Consideró que si ante el reclamo policial se le quitaban fondos a la Capital qué sucederá cuando lo hagan otros rubros como salud o docentes. “¿Quién sigue en el orden de la lista? ¿Por qué provincia van”, se preguntó.
Para variar, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, echó culpas para el lado de la vicepresidenta Cristina Kirchner y acusó a Alberto Fernández de hacer “kirchnerismo al palo”. “Habló de federalismo siendo el gobierno más unitario de todos y más discrecional todos”, marcó Negri. También la titular del PRO, Patricia Bullrich, calificó como “discrecional y arbitraria” la medida. “Defiendo el planteo de Horacio. Mi defensa es y será hacia los tres millones de porteños y también hacia los otros tres millones de bonaerenses que todos los días producen, estudian y se atienden en la Ciudad. El manual del gobierno es nivelar hacia abajo”, planteó Bullrich, esta vez sin diferencias con el jefe de gobierno.
