Fernández está convencido de que, abriendo la iniciativa oficial a generosas modificaciones y cosechando el favor de los gobernadores, el proyecto de ley que apunta a modificar la justicia federal, tan trascendental para él, al final del día se aprobará.
“Vamos a recibir a todas las propuestas de modificación necesarias. Vamos a ser amplios y receptivos. Y ya empezamos a escuchar a las provincias que comenzaron a hacer planteos y pedidos. Alberto está convencido del espíritu que tiene el proyecto, de que modificar a la Justicia es necesario y cree que va a salir”, dijo a LA NACION un importante funcionario que sigue de cerca el devenir de la iniciativa oficial.
El Presidente trasmite optimismo a su entorno a pesar de que, desde que fue anunciado hace poco más de dos semanas, la iniciativa recibió reveses desde múltiples frentes. En el Congreso, Juntos por el Cambio dejó a sus matices de lado para abroquelarse en contra, pero también en otros bloques opositores platearon reparos, como los cuatro diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti y los lavagnistas, como Graciela Camaño .
A la falta de acuerdo político se le suman las acordadas de dos cámaras federales que ya cuestionaron la constitucionalidad del proyecto. Los que conocen desde hace años a la familia judicial advierten que, más allá de los planteos corporativos, de forma individual está casi cantado que los jueces que se sientan tocados en sus intereses por la reforma judicializarán el asunto. Prueba de eso son los procesos que abrieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi para resistirse a volver a su tribunal de origen como pretende el kirchnerismo.
A la falta de consensos en el Congreso y el peligro de judicialización se suma, además, la resistencia que la reforma genera en un sector de la sociedad, un descontento que se materializará mañana en el banderazo. Fernández ayer lo bautizó como “una minoría intensa”. Por último, comenzaron a aparecer cuestionamientos del propio ecosistema oficialista: organismos como el CELS cuestionaron a la reforma pero también hay legisladores del Frente de Todos, como el senador Oscar Parrilli, que advierten que el proyecto debe ser modificado.
Frente a ese adverso escenario, en el Gobierno estiman que el rol de los gobernadores será crucial. El movimiento que hizo Fernández de incorporar un proyecto que había sido elaborado por Juntos por el Cambio para crear nuevos juzgados federales de las provincias fue un intento para dejar en un lugar más difícil a la oposición, pero también para seducir a los gobernadores, que siempre tienen interés en la designación de jueces en sus territorios.
A oídos del Ministerio de Justicia ya llegaron los primeros planteos puntuales. Entre Ríos, por ejemplo, quiere un juzgado con competencia ambiental y Santa Fe pretende que se cree una nueva sala en la Cámara de Rosario. De hecho, el Gobierno ve una hendija con los gobernadores de la oposición, que por ahora no se manifestaron abiertamente en contra. Incluso Horacio Rodríguez Larreta estaría dispuesto a discutir el traspaso de la Justicia a la Ciudad (uno de los aspectos de la reforma) ya que siempre quiso ganar en autonomía en esa materia.
“El turno del Senado”
Fernández -que desde que anunció la reforma estuvo ocupado en otros asuntos como la deuda o la pandemia- le ordenó a sus colaboradores que escuchen los planteos pero que no hagan demasiados movimientos. “Es el turno del Senado, que se debata y modifique ahí”, les dijo. En el Poder Ejecutivo, según pudo reconstruir LA NACION, están en contacto con la senadora santafecina María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), encargada de coordinar a los invitados a las comisiones del senado donde se comenzó a tratar la reforma. Por lo pronto, los tiempos ya se estiraron más de lo previsto, porque la senadora aceptó prorrogar las audiencias, que iban a culminar esta semana, hasta el martes próximo.
Sacnun ya comenzó a compilar y a sistematizar los planteos que vienen realizando distintos sectores y también los pedidos de los gobernadores a través de sus senadores. “Vamos a evaluar todos los planteos, hasta los que hizo (Daniel) Sabsay”, ilustró alguien que sigue de cerca ese trabajo y que lo articula con el Gobierno.
Fernández viene manifestando que el proyecto de reforma judicial es permeable a los cambios pero nadie sabe hasta qué punto la iniciativa oficial podría mutar. “¿Los defensores son pocos? ¿Hay que introducir más fiscales? Lo haremos. Tampoco es para modificar el corazón del proyecto”, advierte un estrecho colaborador presidencial.
La pelea mayor deberá darse en algunas semanas en Diputados donde el oficialismo no tiene garantizado los votos. Como no había sucedido hasta ahora, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, estableció una línea directa con Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados cree poder cosechar las voluntades necesarias entre los aliados de otros bloques. “Todavía hay tiempo, una eternidad en política”, dijo a LA NACION un importante diputado del bloque oficialista.
Sobre un eventual escenario de judicialización, por ahora en el Gobierno no ofrecido demasiadas respuestas. Sobrevolando está el fantasma del paquete de leyes de “democratización de la Justicia” de 2013 que en buena parte terminó herido de muerte en los tribunales. “¿Otra vez los jueces van a decidir sobre su propio destino? Algún día eso tiene que cambiar”, se limitó a comentar un importante funcionario.
Otro estrecho colaborador oficial acotó: “Apuntamos a sectores racionales aporten cambios y salga con mayor consenso posible. Intentaremos persuadir porque todos coincidimos es que es necesaria una reforma de la Justicia. Pero no va habrá vuelta atrás”.
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