Si dos listas de senadores de una misma alianza salen primera y segunda, ¿se queda ese espacio con las tres bancas? Para los magistrados, la Constitución dice que no. Además, sin PASO, la boleta única puede volverse gigante. Nadie sabe cuál será el piso para ser candidato y el Gobierno no puede ser el que certifique los avales.
CR, aliado al gobierno, se inscribe como candidato de una colectora, con Milei como postulante a la presidencia. Por un lado, confía en que el efecto arrastre del libertario lo beneficie, pero si beneficia todavía más al postulante de LLA, quedará fuera de combate, aunque saque más votos que los candidatos a senadores de otras listas, por ejemplo, del peronismo, de un partido provincial o de la izquierda.
Lo que sucede es que el proyecto oficial tiene como objetivos prioritarios evitar las PASO, complicar al peronismo en la elección de sus candidatos y beneficiar la reelección de Milei. En este último camino, se incorpora, como un segundo objetivo, dejarle algún espacio a las fuerzas aliadas y sus candidatos a senadores, siempre que sumen a la reelección de Milei. Tendrá un costo para ese aliado: la lógica indica que el nombre del candidato estará en una parte de la boleta en la que el color predominante será el violeta de LLA, porque es la fuerza que pone el candidato principal, el de presidente.
Una boleta sábana
A esto se suma otro elemento. En las legislativas de octubre de 2025 ya se votó sin PASO y con boleta única de papel, pero 2027 sería la primera elección presidencial con ese formato y sin primarias. Sin el filtro de las PASO, se espera una gran cantidad de partidos y candidatos en la elección general, lo que exigirá una boleta más grande y, por lo tanto, más complicada de leer, de votar y de escrutar. En 2023, intentaron presentarse 27 fórmulas presidenciales, de las cuales fueron bochadas 14 por problemas en los avales o la inscripción. Por lo tanto, una de las claves estará en los requisitos para presentarse.
El piso
La pregunta de las preguntas en los tribunales electorales es si habrá algún piso real, concreto, para presentarse como candidato. El proyecto oficial prevé que cada lista reúna avales ciudadanos equivalentes al mínimo de afiliados que se exige para formar un partido y lleva ese mínimo al 0,5 por ciento del padrón del distrito, hasta un máximo de un millón de ciudadanos por distrito. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y los demás distritos grandes, para presentar un candidato, bastarían 5.000 avales. Y, aunque los proyectos difieren, para tener postulante a la presidencia se necesitarían 5 o 10 distritos legalizados.
El problema es cómo se certifican esos avales. Los jueces advierten que, si la base son firmas, hay muy poco margen para controlar su autenticidad y por eso la idea es exigir que la validación sea por perfil biométrico. Pero ahí aparece otro obstáculo: para que funcione, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) debería ceder su archivo a la justicia electoral. De lo contrario, sería el Renaper —o sea, el Poder Ejecutivo— el que valide los avales de los candidatos, incluidos los que compiten contra el propio gobierno. Electoralmente, poco digerible, dicen en la justicia.
La casilla
Hay un tema de menor envergadura, pero no menor. El proyecto incluye una casilla para votar lista completa con una sola marca y habrá que precisar a qué lista de senadores beneficia cuando un mismo candidato a presidente tiene dos o más colectoras. Si el presidenciable figura en una sola fila, la casilla arrastra solo a los senadores de la fuerza principal y las colectoras quedan en desventaja. Si figura en cada fila, el mismo nombre aparece repetido en la boleta y habrá que definir cómo se suman sus votos y qué pasa con quien marque dos casillas de lista completa con el mismo presidente. En una boleta gigante, el voto a lista completa puede pesar mucho y hasta inclinar quién se queda con la banca de la minoría.
Lo que viene
Todo hace pensar que la discusión llegará a los tribunales cuando se oficialicen las candidaturas. En ese momento vendrán las impugnaciones, el juez electoral de cada distrito deberá expedirse y después lo hará la Cámara Nacional Electoral. La Corte Suprema, por lo general, tarda demasiado y lo que suele quedar como norma es lo que decide la Cámara.
Como se ve, el gobierno impulsó la eliminación de las PASO para ordenar la oferta electoral a su favor y puede terminar con una elección cuyas reglas se definan en los tribunales, a pocas semanas de votar.
