domingo, junio 16, 2024

Tomas de tierras: entre el punitivismo y el llamado al diálogo

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La crisis que desató la pandemia hizo que el problema de la falta de acceso a la vivienda se agudizara. En las últimas semanas las tomas se multiplicaron en Buenos Aires y Río Negro. Las diferentes posturas dentro del Gobierno.

Las dificultades para el acceso a la vivienda son parte de la matriz constitutiva de la Argentina, pero la crisis que desató la pandemia hizo que el complejo problema de la propiedad de la tierra quedara expuesto, como tantos. En las últimas semanas las tomas se multiplicaron en distintos lugares del país, con focos en las provincias de Buenos Aires y Río Negro. En ese contexto, funcionarios nacionales y provinciales mostraron posturas públicas contrarias, en un arco que va de la insistencia en el diálogo y la separación del tema de la órbita de Seguridad, al punitivismo estricto. En diálogo con Página/12, dirigentes de los movimientos sociales advirtieron que “si ante los problemas sociales la respuesta del Estado es castigar al más débil, evidentemente no hemos aprendido nada”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ubicó la raíz del problema: “La ocupación de tierras no es un tema de seguridad, es una cuestión relacionada con el déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras. Tiene que ser paliado con soluciones que se anticipen al problema”, marcó, insistiendo con el camino del diálogo. Mientras tanto, desde la cartera provincial Sergio Berni amenzaba con que “el que hace una toma irá preso”. Y el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantaba que presentaría un proyecto para que “a aquel que organice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios que le da el Estado, como la AUH o el IFE”. El bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense recogía el guante presentando un proyecto para, efectivamente, sacarle los planes sociales a quienes usurpen terrenos. 

En Victoria, partido de San Fernando, la toma de terrenos comenzó el 23 de agosto pasado, cuando un grupo de familias ingresó, entre otros lugares, a un obrador en el predio de los talleres del ferrocarril Mitre. Por esta razón, la línea se encuentra suspendida desde el viernes pasado. También hay tomas en Guernica, dentro del partido de Presidente Perón, en el partido de La Matanza y en la localidad Los Hornos, de La Plata. Kilómetros al sur, en otro contexto y con otras características, en la provincia de Río Negro también hay conflictos territoriales en las inmediaciones de El Bolsón y Bariloche.

En diálogo con este diario, el secretario de Relaciones Institucionales de Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, indicó que “los asentamientos son producto de una crisis no resuelta. Eso no significa propiciar las tomas, ni mucho menos aplaudirlas. Lo que hay que hacer es resolverlas y evitarlas, desarrollando barrios que sean dignos de ser vividos”.

Según las estimaciones de los movimientos sociales, para que no crezca el déficit habitacional en Argentina hace falta construir aproximadamente 100 mil viviendas por año. “Ese es nuestro objetivo y creemos que hay que construir al menos un millón de lotes con servicios para empezar a resolver parte de los problemas habitacionales de este país”, explicó el referente de la agrupación Movimiento EvitaGildo Onorato. “Nosotros planteamos que hay que hacer al menos 500 mil lotes con servicios porque sino la gente va a hacer sola lo que el Estado no haga”, advirtió el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, en diálogo con Página/12. Y coincidió con Frederic en que “la responsabilidad de las tomas no es de ningún ministro de Seguridad, a lo sumo es de la ministra de Vivienda”.

Navarro apuntó a los partícipes necesarios de casi toda toma: “Si hay un ‘vivo’ que lucra con esa situación, que oficia de intermediario y lucra con eso, que engaña a las personas, a ese ciudadano sí hay que caerle con todo el peso de la ley. Pero pensemos también en aquellas familias que van con dos o tres hijos a vivir a un descampado debajo de una lona porque no tienen opción”, pidió. “¿La solución es caerles a ellos con una topadora y la guardia de infantería? Me parece que un Estado tiene que ser mucho más solidario que eso, sobre todo en este momento de pandemia. Tenemos que hacernos cargo y no es algo que se resuelva negándolo”, razonó. En el mismo sentido, Grabois opinó que “el camino no es la represión, pero tampoco es la indiferencia o mirar para otro lado. En Argentina hay tierras urbanas y rurales suficientes para que todas las familias tengan un techo y todos los campesinos e indígenas tengan su tierra”.

Según la ley 15.172 de la Provincia de Buenos Aires, está prohibido realizar desalojos hasta el 30 de septiembre. Esta norma –que abarca tanto a viviendas como a terrenos– fue votada, incluso por legisladores de Juntos por el Cambio, y promulgada el 27 de mayo en el contexto de la pandemia. “Esto no indica que los propietarios de la tierra tengan justas razones para acudir a la Justicia. Tienen derecho de reclamar pero el Estado tiene que mediar, tiene que haber diálogo, caminos de articulación. Porque cuando los conflictos sociales no tienen una resolución institucional, lo que estamos generando con el carácter punitivo del Estado, es mayor violencia”, detalló Onorato. 

“La actitud punitivista es negar el problema porque la esencia del derecho es el bien común”, coincidió Navarro. “Y si bien el derecho defiende claramente la propiedad privada, la Constitución también establece que todos tenemos derecho a una vivienda, a un trabajo, a tener educación y salud”.

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