El declarado admirador de Thatcher aseguró que su postura de defensa de las islas no responde a una maniobra electoral, sino que implica una forma de presión para que las empresas inviertan en Vaca Muerta.
El presidente Javier Milei defendió con insultos su viraje respecto de la defensa de las Islas Malvinas al tildar de “estúpido” e “imbécil” a quienes creen que se trata de una maniobra electoral y argumentó que su anuncio de sanciones a empresas que explotan recursos en el archipiélago es un mecanismo de “presión” para que esas empresas inviertan en Vaca Muerta.
“Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si creés que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años. Y que hubo un disparador externo”, indicó Milei y limitó su cruzada soberana a una estrategia extorsiva hacia las empresas: “¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales”.
En ese contexto, la idea de una estrategia gestada durante tres años quedó limitada a los desmedidos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que el Gobierno aprobó a través del RIGI a proyectos, en su mayoría, mineros y petroleros, de los cuales muchos ya estaban planificados en el país antes de la llegada de la gestión libertaria.
Además, Milei reconoció que la estrategia tuvo un “disparador externo” muy reciente, a partir de la insinuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cambiar su posición neutral respecto del conflicto soberano. Un tema sobre el que Trump no fue contundente y que tampoco figura en la agenda de la reunión bilateral que mantendrá el primer ministro británico, Andy Burnham, en los próximos días.
“La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, enfatizó Milei, en una extensa entrevista en el streaming oficialista Neura.
Para desacreditar la intencionalidad política electoral, Milei volvió a cargar contra el periodismo: “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, dijo y agregó que “ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena”.
“No tiene una intencionalidad política electoral”, insistió Milei, y explicó que el objetivo es “meter presión” sobre las compañías para que deban optar entre continuar con proyectos en Malvinas o participar de desarrollos energéticos en territorio argentino.
El mandatario dijo que la decisión de avanzar con el endurecimiento de las sanciones contra empresas y directivos que realicen actividades de explotación de hidrocarburos en el archipiélago fue tomada en una reunión de Gabinete el lunes previo a la cadena nacional del 3 de septiembre, a partir de las declaraciones de Trump.
Sin embargo, ya se habían replicado en diversos medios las declaraciones del Presidente a Radio Mitre realizadas de forma previaa la mencionada reunión de gabinete, refiriéndose a los dichos de Trump, al punto de que se especuló con un apoyo explícito que nunca ocurrió.
Milei planteó así que la estrategia oficial combina el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas con los incentivos económicos destinados a fortalecer el desarrollo energético argentino.”Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política”, concluyó.
El presidente tampoco hizo mención del cambio de posición respecto de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, que su gestión congeló desde 2023 y este miércoles el ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó el reinicio de las obras como un gesto de soberanía.
Además, hasta ese momento, el Gobierno no había aplicado las sanciones contempladas por la Ley 26.659, sobre la que prometió enviar una reforma que aún no se presentó en el Congreso, sobre las empresas operadoras en Malvinas.
El ejemplo más claro radica precisamente en relación con el RIGI. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció y pidió explicaciones al Ministerio de Economía sobre la adjudicación del RIGI al “Proyecto de Licuefacción de Gas Natural” otorgado a Southern Energy S.A., en la que participa Harbour Energy, una firma que modificó su denominación, pero se asocia a Premier Oil PLC, empresa que en 2013 fue sancionada con 15 años de inhabilitación por desarrollar exploraciones en Malvinas sin permiso argentino.
