La gobernadora del estado, Kathy Hochul, y el alcalde Zohran Mamdani indicaron que el Departamento de Seguridad Nacional debe 87 millones de dólares.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, acusaron este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar el 40 por ciento de los fondos para luchar contra el terrorismo y evitar otro 11-S.
Retención de fondos
“Donald Trump está reteniendo fondos destinados a mantener a los neoyorquinos a salvo de otro ataque terrorista”, declaró Hochul en una rueda de prensa. “El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia creada en respuesta al 11 de septiembre, está reteniendo el 40 por ciento de la financiación antiterrorista del estado de Nueva York”, afirmó.
La gobernadora denunció que la Administración de Trump debe 87 millones de dólares a su estado, que definió como “el objetivo terrorista número uno del país”.
A su vez, Hochul acusó al presidente de utilizar políticamente los recursos y poner en riesgo la vida de los ciudadanos. “Trump está poniendo en peligro la seguridad pública para vengarse una vez más de un estado demócrata. Está mal. Debería trabajar conmigo para mantener a la gente segura, no hacerla más vulnerable a los ataques terroristas y al crimen”, aseveró.
Nueva York sufrió en septiembre del año pasado una reducción inicial de 187 millones de dólares en subvenciones federales para la seguridad nacional y las redes de emergencia. Estos recortes representaban el mayor desfinanciamiento de las operaciones policiales del estado en décadas.
Ante el rechazo de agentes de seguridad, legisladores demócratas y republicanos y de Hochul, la Administración Trump dio marcha atrás y anunció la restitución de los fondos, aunque sin explicar los motivos de la decisión.
Sin embargo, la gobernadora denunció que siguen esperando la restauración del presupuesto y aseguró que “fue otra promesa rota”.
“El ‘señor Hacer a América Segura’ (en alusión al lema de campaña de Trump) habla en grande sobre las fuerzas del orden, presume mucho sobre proteger a nuestros agentes y a nuestra policía, pero en lugar de desarticular planes terroristas, está separando a familias inocentes y deteniendo a niños”, aseveró Hochul en referencia a la política migratoria del mandatario.
“No hay excusa”
Por su parte, Mamdani detalló que los fondos que exigen al Gobierno de Trump no se destinan a informes, estudios ni a propuestas abstractas, sino a “financiar plenamente doce escuadrones de desactivación de explosivos en todo Nueva York”.
También se utilizan, dijo, para comunicación interna y eficaz del Departamento de Bomberos de Nueva York en caso de un ataque catastrófico o para poder responder ante una amenaza radiológica.
“No hay excusa para que el Gobierno federal deje a la ciudad más grande de la nación cargando sola con esta responsabilidad”, apuntó el edil.
Ambos denunciaron la gravedad de la situación coincidiendo con los días previos de la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que dejaron más de 2.700 muertos en la ciudad.
La gobernadora, que protagonizó diversos enfrentamientos con el presidente, aseguró que si no libera los fondos, Trump estaría “traicionando a cada familia que perdió a alguien el 11 de septiembre, a cada policía y bombero que arriesga su vida todos los días”.
La prohibición
La política migratoria es uno de los principales frentes de conflicto entre Hochul y la Administración Trump.Recientemente, la gobernadora celebró la entrada en vigor en Nueva York de una ley que prohíbe a las agencias locales establecer acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como el programa 287(g), que permite a las fuerzas policiales interrogar, arrestar y detener a personas por presuntas violaciones de las leyes federales de inmigración.
La Ley de Policías Locales y Delitos Locales (LCLCA, por sus siglas en inglés) fue aprobada el pasado mayo como parte del presupuesto estatal y tiene como objetivo proteger a la comunidad inmigrante.
En ese momento había 12 departamentos de policía con acuerdos migratorios bajo el programa federal 287(g), de los que solo el condado de Rensselaer se negó a disolver el suyo, lo que dió lugar a una demanda de la Fiscalía estatal y de la gobernadora.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos intentó frenar la entrada en vigor de la nueva ley, pero un juez falló en su contra.
“El estado de Nueva York jamás será un refugio para delincuentes. Colaboramos con las fuerzas del orden federales, incluido el ICE, para proteger a los neoyorquinos, y eso significa que siempre hemos trabajado y seguiremos trabajando para sacar a los delincuentes de las calles, no a los inmigrantes”, sostuvo Hochul.
Además, Hochul cuestionó que, pese a que Trump dijo que su política migratoria apuntaría a expulsar a quienes cometieran delitos, los operativos del ICE también alcanzan a personas “cuyo único delito es entrar en este país” y a quienes tienen estatus de protección temporal.
“Tal vez tenían una tarjeta de residencia, un permiso de trabajo, estaban casados con un ciudadano estadounidense; están persiguiendo a todo el mundo porque tienen que cumplir con esas absurdas cuotas de Stephen Miller“, subjefe de gabinete en la Casa Blanca y artífice de la política migratoria de la Administración Trump, afirmó Hochul.
La gobernadora reiteró que la policía local debe concentrarse en combatir los delitos dentro de sus comunidades. “Estamos construyendo confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden. No se trata de que nuestra policía local deje de perseguir a violadores y asesinos o de responder a una emergencia para hacer el trabajo de ICE por ellos. Es una agencia de 85.000 millones de dólares. Creo que pueden valerse por sí mismos”, sostuvo.
