Tras rechazar la emergencia y acompañar el veto, el Gobierno aceptó una nueva norma. La Iglesia cuestionó el ajuste y las organizaciones exigen su sanción en las sesiones ordinarias.
Con la visita del papa León XIV a la vuelta de la esquina, el Senado comienza a discutir la nueva Ley de Discapacidad. La iniciativa, que fue aprobada por amplio consenso político en la Cámara baja, podría obtener dictamen este mismo miércoles. El colectivo de personas con discapacidad presiona para que la ley se sancione en el período de sesiones ordinarias, que llegará a su fin el próximo 30 de noviembre. Además, reclama que el Gobierno se comprometa a retirar del Presupuesto 2027 los artículos que ajustan al sector. Aun cuando el Papa eligió visitar el Cottolengo de Claypole, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió que no se hagan “interpretaciones direccionadas” y aseguró que León XIV “no dará mensajes políticos” durante su visita. El oficialismo pasó de votar en contra de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acompañar el veto presidencial a impulsar una nueva normativa por presión social.
Con una semana de demora, la discusión por la nueva Ley de Discapacidad se reactivará en la Cámara alta este miércoles a las 16, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, que presiden el libertario Agustín Monteverde y la exministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, respectivamente. El objetivo es avanzar con la firma del despacho, aunque todavía hay dudas sobre el quórum por la ausencia de algunos senadores que viajaron como veedores a las elecciones de Estados Unidos. Si los senadores consiguen reunir el número, el proyecto podría llegar al recinto el 26 de noviembre, en la última sesión ordinaria del año.
El calendario es ajustado y las organizaciones del colectivo desconfían de que la sanción llegue antes del cierre de las ordinarias. Según supo este diario, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad prepara una nota para reclamar la aprobación sin modificaciones. “Que esto se vote tal cual está porque no hay tiempo legislativo para estirar el tema”, explicaron.
Las organizaciones trabajan en paralelo para reclamar que el Presupuesto 2027 se vote sin el capítulo VI, que ajusta al sector, y con las partidas necesarias para cumplir la ley que ya tiene media sanción de Diputados.
El acuerdo alcanzado en la Cámara baja fue el resultado de un giro copernicano del Gobierno, que tuvo que aceptar las exigencias de los aliados y de la oposición para aprobar la nueva normativa en la antesala de la llegada del papa León XIV, quien incluyó al Cottolengo Don Orione en su visita pastoral. Esa institución estuvo al borde del cierre por la falta de pagos del Estado nacional. “La combinación de aranceles desfasados, una inflación que no da tregua y la interrupción en la cadena de pagos estatal ha generado un escenario de vulnerabilidad para las 1.200 personas con discapacidad que asiste la institución en todo el país”, denunció su dirección en abril de este año.
El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, vicepresidente primero del Episcopado, cuestionó duramente al Gobierno meses atrás por el ajuste a las personas con discapacidad. El cardenal denunció “un cierto sadismo de Estado” y consideró que “estamos viendo favorecer a los opulentos y restringir la ayuda a los discapacitados, jubilados, enfermos y vulnerados”. La Iglesia jugó un papel preponderante para que la nueva ley obtuviera media sanción. La Mesa de Discapacidad de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal se reunió con diputados libertarios y de otras fuerzas para exigir cambios en el dictamen que impulsaba el oficialismo.
La nueva ley
La norma, que se reescribió durante la última sesión de Diputados, puso a resguardo los principales derechos que el Ejecutivo pretendía recortar en el Presupuesto 2027. En una sesión maratónica, la oposición logró incorporar los cambios exigidos por las organizaciones del colectivo. El proyecto fue aprobado con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones de diputados de izquierda. El oficialismo lo bautizó “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”.
En sentido contrario, el proyecto de Presupuesto que envió Luis Caputo contempla la eliminación del nomenclador único y del arancel unificado para los prestadores, y suprime el mecanismo de actualización de las prestaciones y la compatibilidad entre la pensión y el trabajo formal. Los diputados dialoguistas exigen que esos artículos sean retirados y que se garanticen los fondos para cumplir con la nueva Ley de Discapacidad como condición para acompañar la ley de leyes. La media sanción descomprimió el vínculo entre el oficialismo y los dialoguistas, pero el Gobierno todavía debe comprometerse a eliminar el capítulo entero e incorporar las partidas. Entre los bloques aliados circula un borrador con los cambios.
La iniciativa, que todavía debe aprobar el Senado, transforma en permanentes las principales disposiciones de la emergencia, cuyo vencimiento está previsto para fin de año. Mantiene la pensión no contributiva por discapacidad en el equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima y permite que sus titulares tengan un empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo, siempre que sus ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. También garantiza la continuidad de la cobertura médica a través de Incluir Salud.
Para los prestadores, conserva el nomenclador único, el arancel unificado y la actualización de los valores de las prestaciones según la movilidad jubilatoria, vinculada a la inflación. Además, obliga al Ejecutivo a informar un cronograma de cancelación de las deudas dentro de los 30 días posteriores a la sanción y a completar los pagos en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma.
El texto establece que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio anterior y prevé recursos del Tesoro para cubrir eventuales faltantes. Con ese esquema, los bloques que acompañaron el proyecto buscan evitar que el Ejecutivo vuelva a demorar su aplicación con el argumento de la falta de fondos.
La iniciativa también incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información de la ANSES, ARCA, el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. La posibilidad de suspender las pensiones queda sujeta a un procedimiento que exige notificar a la persona afectada y otorgarle 60 días para presentar su descargo, con una revisión posterior de la autoridad competente.
En el plenario también estarán sobre la mesa los proyectos de Anabel Fernández Sagasti y Carlos Linares para prorrogar la emergencia.
