Un informe del Banco Provincia revela que el crecimiento de la morosidad está directamente ligado a la destrucción del empleo y la caída de ingresos. En el conurbano bonaerense, donde el impacto laboral es más profundo, el deterioro se vuelve estructural. Otros casos provinciales.
La mora dejó de ser un indicador técnico del sistema financiero para transformarse en una señal de alarma social que se extiende a lo largo de todo el país con un particular crecimiento en las regiones donde la destrucción de la industria suma desocupados. Lo que muestran los números no es simplemente un aumento de deudas impagas, sino el deterioro concreto de las condiciones de vida de millones de argentinos.
En ese cuadro, la provincia de Buenos Aires aparece como el territorio donde el fenómeno se vuelve más visible y más crudo. Por su magnitud territorial y las características de su conglomerado industrial la crisis pega de lleno en el poder adquisitivo, la capacidad de pago se derrumba y la cadena de incumplimientos empieza a expandirse como una mancha de aceite.
Según un reciente informe del Banco Provincia, en apenas un año, la irregularidad en el pago de créditos casi se cuadruplicó, pasando de 2,9 por ciento a 11,2, mientras que la mora total —incluyendo compromisos no bancarios— ya supera el 14. Detrás de esa cifra hay una trama más profunda: más de 6 millones de adultos en el país tienen hoy dificultades para afrontar sus deudas, una magnitud que confirma que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno estructural.
En la provincia de Buenos Aires, y especialmente en el conurbano, ese proceso adquiere una intensidad mayor. Al tratarse del corazón del mercado interno argentino, donde el empleo industrial, la construcción y los servicios dependen directamente del nivel de actividad, el dato no sorprende. Cuando ese engranaje se frena, el impacto es inmediato: cae el ingreso, se retrae el consumo y la deuda empieza a volverse impagable. El propio informe advierte que la mora creció con más fuerza en grandes centros urbanos como el Gran Buenos Aires que en zonas rurales, confirmando que el deterioro económico golpea con mayor dureza allí donde la densidad poblacional y la dependencia del salario son más altas.
Una foto nacional
Las provincias que registraron mayores pérdidas de puestos de trabajo son también las que exhiben los incrementos más pronunciados en la irregularidad crediticia. Santa Cruz (-16 por ciento en puestos de trabajo formales y +13,8 p.p. de irregularidad entre febrero 2026 y noviembre 2023), Tierra del Fuego (-11,7 por ciento y +13 p.p.) y Formosa (-10,5 por ciento y +10,1 p.p.) aparecen como ejemplos extremos, donde la destrucción del empleo formal se tradujo casi linealmente en un salto de la mora. Esa misma lógica, aunque con matices, se replica en distritos como Buenos Aires, donde la caída del empleo registrado, en un contexto de retracción industrial y parálisis de la construcción, genera un efecto dominó sobre los ingresos familiares.
Sin embargo, el problema no se agota en la pérdida de puestos de trabajo. Incluso en provincias donde el empleo mostró algún nivel de recuperación, la mora continuó en aumento. Las que muestran datos de empleo registrado son sólo dos, Neuquén (+5,7%) y Río Negro (+2,6%), donde la irregularidad también creció: +9,8 p.p. y +11 p.p., respectivamente
Ese dato revela que el deterioro es más profundo y no alcanza con tener trabajo si los ingresos pierden poder adquisitivo de manera sostenida. En los últimos meses, el salario real sufrió una caída persistente, mientras que los gastos fijos, especialmente tarifas de servicios públicos, crecieron por encima de la inflación, reduciendo de manera drástica el margen disponible de los hogares. En ese contexto, la deuda deja de ser una herramienta de consumo para convertirse en una trampa financiera.
El doble impacto bonaerense
La provincia de Buenos Aires sintetiza ese doble impacto. Por un lado, la pérdida de empleo en sectores clave; por otro, la erosión del salario en un territorio donde el costo de vida urbano presiona con más fuerza. El resultado es un escenario en el que cada vez más familias deben elegir entre sostener el consumo básico o cumplir con sus obligaciones financieras. Y cuando esa tensión se vuelve insostenible, la mora aparece como la consecuencia inevitable.
El fenómeno golpea con especial dureza a los jóvenes, el segmento más afectado por la precarización laboral. Más del 40 por ciento de quienes tienen entre 18 y 24 años y accedieron a un crédito presentan dificultades para pagarlo, en un contexto donde el desempleo creció con mayor intensidad en ese grupo etario. La combinación de ingresos inestables, menor acceso a empleos formales y mayor exposición al crédito configura un escenario particularmente vulnerable.
Por lo expuesto, e informa del Banco Provincia advierte que el avance de la mora no puede explicarse como una suma de decisiones individuales equivocadas. De hecho, es categórico al señalar que se trata de un fenómeno con causas macroeconómicas: caída del salario real, aumento de gastos fijos y destrucción del empleo. La deuda impaga es, en definitiva, el reflejo micro de un problema estructural.
El riesgo hacia adelante, advierte el informe, es que este proceso termine retroalimentándose. A medida que crece la mora, una parte creciente de los ingresos futuros se destina a cancelar deudas pasadas en lugar de impulsar el consumo. En una economía que depende fuertemente de la demanda interna, como la bonaerense, ese desvío de recursos puede profundizar la recesión y consolidar el deterioro del mercado laboral.
