Ni el consenso logrado por la cuarentena en su inicio y durante un buen tiempo, ni el acuerdo con los acreedores externos para estrenar un plan económico. Alberto Fernández parece haber desperdiciado chances para darle mayor sustento a su construcción política con algún tipo de convergencia que algunos definirían como un salto de calidad. Al revés, acaba de consagrar como objetivo dominante algo que salvo en el kirchnerismo duro, cosecha críticas de fondo o al menos de oportunidad: una múltiple ofensiva judicial. Es bastante más que el proyecto que acelera el oficialismo en el Senado y que asoma como el mayor desafío de esta gestión en Diputados. Un mal tema para una batalla política desgastante e incierta, más allá de los límites del Congreso.
Está por verse cuánto de malestar o de subestimación pesa en el análisis del banderazo del lunes. Pero como reacción, en las frases y sobre todo en la práctica, quedó en claro de que se trata: la pelea será por la reforma judicial en sentido amplio, a la vez foco central de la protesta. El Gobierno consideró que debe dar una muestra lineal de “fortaleza” y lo tradujo sin vueltas en el avance a toda máquina con su proyecto. Sin decirlo, el Presidente terminó de imprimirle un sentido de prueba crucial. “No nos van a doblegar los que gritan”, afirmó en su primer discurso tras las manifestaciones.
Resulta un riesgo exagerado, salvo que sea entendido como un compromiso con sentido interno. La oposición de Juntos por el Cambio, con arrastre de sus propias pulseadas y debilidades domésticas, encontró así un terreno en el que siente condiciones para afirmarse mejor –más complejo sería, se admite, en el plano económico- y reclamó directamente al Presidente el retiro del proyecto de reforma que está en el Congreso. A su modo, marcó el mismo campo que había decidido transitar el oficialismo. Resultado: la cuestión judicial quedó al tope de la agenda política.
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