Los sectores que firmaron el dictamen del oficialismo advierten que podrían retirar su apoyo si el oficialismo no garantiza el financiamiento. La oposición insiste con la emergencia.
La ley de Discapacidad tensiona el vínculo entre el oficialismo y sus aliados. El Gobierno que tiene en su historial haber vetado y judicializado la Emergencia en Discapacidad todavía no precisó cuánto dinero destinará para su cumplimiento. Ante las versiones de que el Ministerio de Economía no avalaría el dictamen acordado entre Martín Menem y los bloques dialoguistas, los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, junto con el misionero Oscar Herrera Ahuad y Álvaro González, reclamaron que se informe con urgencia el monto de las partidas necesarias. También exigen que el Gobierno retire del Presupuesto 2027 el capítulo que recorta la emergencia y lo reemplace por un texto que deje claro cómo se financiará la nueva ley. El tema promete escalar en la antesala de la visita de León XIV, que el 9 de noviembre irá al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde residen unas 400 personas con patologías severas. Ante las consultas de este diario, el entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara, desconoció las versiones de un nuevo veto.
La semana pasada, el Gobierno presentó un proyecto que retoma los pilares centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya prórroga impulsaba la oposición. El dictamen reunió 42 firmas con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Producción y Trabajo, el MID, Argentina Federal y La Neuquinidad. Con esa maniobra, el oficialismo desplazó la iniciativa opositora en comisión y buscó instalar que su propuesta “consolida de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad”. El movimiento buscó recuperar la confianza de los aliados del PRO y la UCR y descomprimir el conflicto después de meses de incumplimiento de la Emergencia y tras la presentación del Presupuesto 2027 en el que se recorta, todavía más al sector.
Sin precisiones públicas sobre cómo se financiará la nueva ley de discapacidad, la desconfianza crece. Los propios aliados del oficialismo Oscar Herrera Ahuad, Oscar Zago, Eduardo Falcone y Álvaro González le pidieron a Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que informe con urgencia cuánto dinero hará falta para cumplirla. Además, solicitaron un cálculo del costo fiscal a la Oficina de Presupuesto del Congreso intervenida por orden del gobierno. La nota se presentó el mismo día en el que circularon versiones de un nuevo veto atribuidas a Luis Toto Caputo. “El proyecto del oficialismo contradice la doctrina del gobierno, que dice que no se puede aprobar ninguna iniciativa que no tenga el presupuesto contemplado. No hay cálculo estimado de qué costo va a tener esto”, dijo el diputado Esteban Paulón a Página12.
La ausencia de un aval público del Ministerio de Economía alimentó las dudas sobre el dictamen que los aliados acompañaron esta semana. Por eso los diputados exigen que el Gobierno retire del Presupuesto 2027 el capítulo que recorta la emergencia y lo reemplace por un texto que deje asentado el financiamiento. El peronismo también exige que el gobierno retire el capítulo 6 del presupuesto. Si las definiciones no llegan, advierten que el oficialismo podría perder votos cuando el proyecto se trate en el recinto. “Le dijimos, si la partida no la van a expresar en el presupuesto, nosotros vamos a votar una nueva ley de emergencia. Por eso están locos como una cabra y están hablando de veto” dijo a este diario uno de los diputados que ejerce presión. “Caputo es un vivo, hace negocio él, desequilibra y después le echa la culpa a todo lo que pasa en el Congreso” agregó. La UCR también amenaza con retirar su apoyo a la Ley si el gobierno introduce demasiados cambios al consenso alcanzado.
Cerca del presidente de la Camara, Martin Menem, desconocen “de dónde salen esas versiones”, acerca de un nuevo veto de la Casa Rosada, y aseguran que “las partidas ya estaban consignadas en el Presupuesto”. “Lo que cambia son las prestaciones que las paga el privado y las altas nuevas que no se pueden presupuestar” explicaron ante la consulta de este diario.
La discusión se terminará de saldar en el recinto. El tema podría tratarse los primeros días de octubre. A pesar de los trascendidos el oficialismo trabaja para que el Ejecutivo no vete la Ley a días de la visita del Papa León XIV. En el senado Bullrich ya avisó que no obstaculizará la sanción de la nueva ley. Tanto Menem como la jefa de la bancada libertaria no quieren acumular una nueva derrota política. El gobierno perdió seis votaciones por este tema. Si el oficialismo pierde los apoyos la oposición pondrá en consideración su dictamen de minoría que es la prórroga de la emergencia hasta diciembre de 2027.
La nueva Ley
El nuevo texto que “carece de credibilidad” según un dirigente que acompaña al gobierno en todas las votaciones parlamentarias mantiene el nomenclador único y su mecanismo de actualización, la pensión equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, su compatibilidad con el trabajo registrado para quienes perciban hasta dos salarios mínimos, la cobertura de salud y los beneficios para los empleadores que contraten personas con discapacidad.
También preserva el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones pendientes y establece que las partidas destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del año anterior.
El texto sostiene: “El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de ministros, realizará las asignaciones y readecuaciones presupuestarias que resulten necesarias durante el primer ejercicio de entrada en vigencia de la presente norma para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios en esta ley contemplados”. Además, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, una sugerencia que hizo el PRO. La UCR, por su parte, exigió que la nueva ley se ponga en vigencia en un plazo de 30 días.
