Sin interpelarlo directamente, Justicia y Concordia emitió un mensaje pro impunidad orientado al Gobierno de Javier Milei.
En menos de tres semanas se cumplirán 50 años desde el último golpe de Estado y, en pocos meses, 20 años desde que los criminales de la última dictadura volvieron al banquillo de los acusados. “Es hora de superar esta etapa de nuestra historia”, pidieron los abogados de represores nucleados en la asociación Justicia y Concordia en lo que parece ser una apelación para ponerle fin al proceso de rendición de cuentas de quienes secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron durante aquellos años.
Justicia y Concordia distribuyó este miércoles una declaración en la que señala que en las últimas décadas existió una “persecución implacable y sistemática contra los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad”. Para ellos, no se trató de un proceso de justicia sino de “venganza”.
El texto —que afirma estar dirigido a la ciudadanía— busca presentar el proceso de verdad y justicia como un ensañamiento contra aquellos que vistieron uniforme. Según Justicia y Concordia no hubo un examen riguroso de cada uno de los casos sino una sanción por un estigma de origen: “haber combatido y vencido a la subversión que pretendía asaltar el poder por las armas”.
Las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) desmienten las afirmaciones. Hasta diciembre, había 1208 condenados y 247 absueltos —lo que muestra que no existen condenas automáticas por haber pertenecido a las fuerzas.
El cuestionamiento de Justicia y Concordia estuvo orientado hacia los magistrados que llevan adelante los juicios, a quienes acusan de aplicar la justicia de forma asimétrica. “Gran parte de los jueces se han comportado como instrumento servil del poder político, permitiendo la vulneración de principios básicos como la irretroactividad de la ley penal, el debido proceso y el plazo razonable”, se quejaron los abogados que representan a los represores.
Por eso, reclaman —sin aludir directamente al Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel— que es hora de dar por terminada esta etapa. “La concordia no es olvido, sino el restablecimiento del imperio de la ley para todos, sin excepciones”, dijeron. “Es momento de clausurar definitivamente las heridas mediante el reconocimiento de la verdad completa y la restauración de las leyes”, reclamaron.
Los reclamos para que la administración libertaria frene el proceso de verdad y justicia comenzaron antes de que Milei asumiera. El Presidente hizo buenos méritos para obstaculizar las investigaciones: desde desarmar los equipos que relevaban los archivos militares hasta negar documentación para encontrar a los bebés robados durante la dictadura, pasando por la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y el desmantelamiento del área de querellas.
Justicia y Concordia tiene entre sus integrantes a abogados como Laura Olea y Ricardo Saint Jean, que integraban los chats con los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que en 2024 fueron a reunirse con Alfredo Astiz y otros represores en el penal de Ezeiza. En esos grupos de mensajería se intercambiaban proyectos con el objetivo de conseguir que los mayores de 70 —que conforman la mayor parte del universo de detenidos por crímenes de lesa humanidad— dejaran las cárceles y volvieran a sus casas.
En diciembre de 2023, Olea y Saint Jean habían pedido que la Cámara Federal de Casación celebrara un plenario con la esperanza de que sus integrantes habilitaran el arresto domiciliario para los presos de lesa humanidad. Sin embargo, el pedido no tuvo acogida favorable por parte del máximo tribunal penal federal.
Más del 83 por ciento de los detenidos por crímenes cometidos durante la dictadura están cumpliendo arresto domiciliario. Según estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), solo hay 62 presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde Patricia Bullrich concentró a los represores. El lugar es considerado una cárcel VIP por parte de los organismos de derechos humanos.
Justicia y Concordia no pidió públicamente ni un indulto ni una amnistía. No se descarta que sus integrantes hayan hecho gestiones por canales reservados. Lo que está claro es que ése fue un pedido de otros sectores considerados marginales dentro de los grupos de “memoria completa”. El 4 de diciembre pasado, Asunción Benedit —fundadora del grupo de los Pañuelos Negros y hermana del diputado libertario Beltrán Benedit— se presentó en la Casa Rosada para dejar una nota dirigida al Presidente en la cual le pedía que enviara un proyecto de ley de amnistía para los represores presos o, subsidiariamente, dictara indultos o promoviera una conmutación de penas.
Benedit no ha sido justamente exitosa en sus empresas. Fue la promotora de una marcha en Plaza de Mayo por la libertad de los represores que terminó siendo un fiasco.
