Sebastián Amerio, recientemente desplazado de la Secretaría de Justicia, tendrá un nuevo reto como procurador del Tesoro: deberá encabezar la defensa de una ley clave para La Libertad Avanza (LLA).
La Reforma Laboral, el caballito de batalla sobre el que Javier Milei cabalgó durante los primeros meses de 2026, terminó judicializada pocas horas después de que fuera promulgada. La Confederación General del Trabajo (CGT) acudió, tal como había anticipado, a los tribunales para pedir que frenen y declaren la invalidez de la llamada Ley de Modernización Laboral. Se espera que haya una catarata de presentaciones contra una norma que recorta derechos reconocidos por la Constitución nacional. Gremios, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos preparan, en paralelo, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los retrocesos en materia laboral.
Los triunviros de la CGT –Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello– presentaron ayer una acción de amparo y una medida cautelar contra la reforma laboral. La presentación se realizó –con el patrocinio de los abogados Luciano Podestá y Miguel Maza– ante el fuero contencioso administrativo federal, que es donde tramitan todas las acciones contra la administración pública.
La causa quedó a cargo del juez Enrique Lavié Pico, que también tuvo en sus manos otro asunto espinoso para el Gobierno de Milei: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. En ese momento, Lavié Pico desarmó la estrategia del entonces procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que buscaba concentrar todas las impugnaciones en el fuero contencioso administrativo.
Esta presentación inicial de la CGT está enfocada en conseguir la nulidad e invalidez constitucional de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, que ordenan el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires –tarea que Milei dejó en manos de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En el escrito, la CGT sostiene que la decisión sobre el traspaso de la justicia nacional fue dictada sin competencia temporal del Congreso porque estaba inicialmente fuera de las materias que el Poder Ejecutivo Nacional había incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Los abogados de la central obrera también sostuvieron que el Presidente no invocó un “grave interés de orden o de progreso” que justificara tratar el tema fuera de la convocatoria original.
El lunes, la CGT movilizó a Plaza Lavalle contra la reforma laboral. Fue la antesala de la presentación judicial. En ese momento, la dirigencia de la central de trabajadores remarcó que eran falsos los argumentos que daban desde la Casa Rosada: con la legislación regresiva no se va a conseguir el aumento del empleo ni la puesta en blanco de los empleados precarizados. Por el contrario, lo que marcaron los dirigentes es que la llamada Ley de Modernización Laboral busca corroer dos principios: el de no regresividad (que implica que no puede haber recortes en derechos) y el principio protectorio del derecho del trabajo (que busca reducir la desigualdad estructural entre empleador y trabajador).
La crítica a la Reforma Laboral es estructural entre gremios y especialistas en derecho del trabajo porque, entre otras cosas, permite la extensión de la jornada laboral hasta doce horas, el fin de las horas extra, la reducción del salario, las indemnizaciones en cuotas pagadas a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el desconocimiento de nuevas formas de trabajo, la reducción de los aportes a las obras sociales y el fraccionamiento unilateral de las vacaciones.
La impugnación de la Reforma Laboral será el primer gran reto que deberá atender Sebastián Amerio como procurador del Tesoro. Tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, Amerio fue desplazado de la Secretaría de Justicia. Se enteró de los cambios mientras presidía una comisión en el Consejo de la Magistratura.
Amerio es un hombre de Santiago Caputo, cuyas acciones terminaron a la baja tras los cambios en el Ministerio de Justicia que empoderaron a su némesis dentro de la administración libertaria, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió las renuncias de todos los funcionarios de la cartera y a Amerio le ofreció un premio consuelo con la designación al frente de la Procuración del Tesoro. Tendrá a su cargo el cuerpo que reúne a los abogados del Estado.
Amerio es un hombre formado en derecho penal. Su llegada al organismo implicó el desplazamiento de Santiago Castro Videla, a quien le crearon una subprocuraduría para que no se volviera a casa con las manos vacías. “Con esta nueva conducción, la Procuración del Tesoro profundizará su rol como órgano rector del cuerpo de abogados del Estado, consolidando una estrategia jurídica firme y profesional para la defensa de las reformas y las transformaciones estructurales impulsadas por el Presidente de la Nación”, se informó a través de un comunicado.
Según dejaron trascender desde el Gobierno, una de las cartas que jugará Amerio es sostener que la CGT carece de legitimación para accionar contra la Reforma Laboral. Pero si hay algo que está claro en la Casa Rosada y en el Ministerio de Justicia es que será una pelea de largo aliento.
La presentación de la CGT en el fuero contencioso administrativo está solo enfocada en el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo. Esto implica que puede haber –y seguramente habrá– nuevas presentaciones por otros aspectos específicos de la ley. ¿Por qué no ir al fuero del trabajo? Porque posiblemente los jueces de ese fuero terminarían teniendo que excusarse, ya que no podrían resolver sobre un asunto en el cual tienen interés, explicaron fuentes al tanto de la estrategia judicial.
Las dos Central de Trabajadores Argentina –conducidas por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy– están trabajando en nuevas presentaciones judiciales contra la Reforma Laboral. La formalización, estiman, se realizaría la semana entrante.
En paralelo, la idea es que la denuncia contra la regresión de los derechos laborales no se quede en el ámbito nacional. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con sindicatos y organizaciones sociales, está trabajando en un pedido de audiencia para la CIDH para que se debatan los retrocesos en el sistema interamericano.
Desde comienzos del Gobierno de Milei hubo una estrategia conjunta de organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales para denunciar la represión –posibilitada por el llamado “protocolo antipiquetes”– como una medida imprescindible para llevar adelante el ajuste y la eliminación de derechos que pretende La Libertad Avanza (LLA). Patricia Bullrich quedó como emblema de la represión, dado que el protocolo fue su invención, y como la principal defensora de la reforma laboral, que empezó a debatirse en el Senado, donde la exministra plantó bandera en diciembre pasado.
