A los beneficios obtenidos en forma de transferencias, nombramientos o intereses personales se contraponen las cuentas locales.
A inicios de 2024 varios gobernadores insistieron en que había que “darle herramientas de gobernabilidad” al gobierno nacional, por lo cual permitieron la aprobación de la Ley Bases y el RIGI. Luego sostuvieron que era necesario acompañar el presupuesto porque “cada uno tiene que pensar en su provincia”. Y finalmente, afirmaron que “hay que modernizar el mercado de trabajo”, por lo que votaron la reforma laboral. El apoyo de buena parte de los gobernadores a la Ley Bases, el Presupuesto y, sobre todo, a la reforma laboral volvió a poner en el centro de la escena el rol de quienes dirigen la política provincial frente al modelo económico de ajuste de Milei.
Se viene advirtiendo que acompañar las políticas de ajuste constituía “pan para hoy y hambre para mañana” porque más temprano que tarde, la caída de la recaudación más que compensaría los eventuales “beneficios” materiales del acompañamiento. Dicho y hecho. Hoy ha caído sensiblemente la recaudación y presiona fuerte sobre el erario provincial. En este aspecto, los resultados afectan a todas las provincias por lo que en el listado de gobernadores deberíamos mencionar gobernadores que apoyaron y promovieron las políticas nacionales como Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Rogelio Frigerio (Entre Rios), Cornejo (Mendoza), Zdero (Chaco), Valdes (Corrientes), Pullaro (Santa Fe), Figueroa (Neuquén), Nacho Torres (Chubut); Alberto Weretilneck (Río Negro); Claudio Poggi (San Luis) y a gobernadores de extracción peronista o sindical que justificaron su acompañamiento en “la necesidad de gobernar”, como los casos de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz, que viene del sindicalismo) y Raúl Jalil (Catamarca, cuyos diputados votaron en contra, pero permitieron el quorum).
Los beneficios de acompañar
La negociación para la aprobación de las leyes ha tenido sus particularidades, pero, en general, los gobernadores han intentado obtener algún beneficio en forma de transferencia. Mientras que para Santa Cruz, el acompañamiento se “pagó” sólo con el compromiso nacional de mantener los adelantos por coparticipación, para Jaldo, han significado, por ejemplo, una promesa por $ 90.000 millones en concepto de obras para su provincia para la aprobación de la Ley Bases.
Jalil negoció la implementación de la SUBE en cinco localidades, la continuidad de obras viales para fibra óptica en un par de tramos y el inicio de la obra de soterrado de fibra en el Paso de San Francisco, obras que no terminaron de concretarse. Para aprobar el Presupuesto 2026, además, obtuvo el control operativo de la minera interestadual YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), donde designó a Fernando Jalil, su hermano.
A Gustavo Sáenz la reforma laboral le permitió ubicar en la vicepresidencia de la Cámara de Senadores a la jujeña Carolina Moises. También se multiplicaron las sospechas sobre acuerdos y beneficios en clave personal, como en el caso de Entre Rios, con el exsenador Kueider, cuyo voto permitió la aprobación de la Ley Bases.
El efecto fiscal de lo aprobado
Una de las características llamativas del acompañamiento de las leyes mencionadas (y algunas otras) es que los votos para su aprobación se “pagaban” con apoyos monetarios vía Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y otras políticas, pero las normas aprobadas incluían modificaciones impositivas y fiscales que afectaban el erario de las propias provincias. Es decir, perdían más con el acompañamiento de la ley que lo que ganaban con la negociación paralela.
La Ley Bases incluyó una reducción sensible del Impuesto a los Bienes Personales, en parte coparticipables. En el presupuesto 2026 se computó la caída de IVA y de Bienes Personales, además del recorte de transferencias a provincias. Y en la Reforma Laboral incluyeron los quebrantos de Ganancias ajustables por inflación, y la inclusión sobre el mismo impuesto, de la exención de los plazos fijos en moneda extranjera, el valor locativo de la casa habitación, la enajenación de inmuebles, la modificación del tratamiento de establecimientos de invernada y el primer año de las ganancias de no residentes en Argentina. También la eliminación de los impuestos internos al lujo, 80% coparticipable.
Impacto
El resultado en clave de recaudación es muy adverso: a la merma de recaudación por la sensible caída de la actividad económica se le sumó el impactó de las modificaciones impositivas mencionadas sobre recursos provinciales y nacionales y una fuerte retracción en las transferencias no automáticas.
Los recursos de origen nacional (que incluyen la coparticipación de impuestos) y que representan, aproximadamente, 54% del total de recursos administrados por las provincias, muestran, en enero y febrero de 2026, una caída de 7% y 4% respectivamente. El derrotero del bimestre fue magro: -5,5% en promedio en RON y -6,9% en coparticipación. Al analizar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento homogéneo. Todas las jurisdicciones registraron en febrero una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional (menos Salta con un crecimiento de 0,6%). Se destacan CABA (-5,7%) y La Rioja y Santa Cruz (-5,3%) como las más afectadas
¿Qué explica esta caída? IVA (-9,8% en febrero, explicada en buena medida por la menor recaudación del IVA Aduanero tras la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión) y Ganancias (que, aunque este mes mostró guarismos positivos se mueve muy con una merma sensible respecto a 2023).
En lo que refiere a Recursos de Origen Provincial (ROP), y aunque los datos no se encuentran actualizados aun a febrero de 2026, se puede verificar que la contracción en términos reales, desde la asunción de Milei (promedio dic/23–dic/25) en comparación con el período previo (ene/22–nov/23), alcanzó el 7,3%. En enero de 2026, y con la información disponible para un conjunto de jurisdicciones, seis provincias registraron una caída interanual real en sus recursos de origen provincial. Entre ellas, La Rioja fue la más afectada, con una contracción del 20% interanual, muy por encima del resto. Si bien once provincias exhibieron una mejora interanual real en su recaudación, ese resultado se debe al efecto base: se compara contra un 2024 particularmente bajo, especialmente en su primer cuatrimestre.
En materia de transferencias no automáticas —ATN—, en el acumulado del primer bimestre de 2026, Entre Ríos fue más beneficiada ($12.000 millones) a la que le siguieron Córdoba ($10.077 millones), La Pampa ($10.033 millones), Misiones ($8.044 millones), Corrientes ($6.038 millones). El resto de las jurisdicciones percibió montos significativamente menores en comparación con las mencionadas, lo que evidencia una distribución fuertemente concentrada en un conjunto acotado de provincias.
Pero si el objetivo de los gobernadores era compensar con ATN la pérdida de recursos de origen nacional y provincial, pecaron, cuanto menos, de ingenuos: en 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) y Recursos de Origen Provincial. Esto evidencia que los ATN tuvieron un peso marginal dentro de la estructura global de financiamiento subnacional.
