Un diverso arco de bloques en Diputados avanzó por una sesión especial. Buscan accionar el mecanismo que implicaría poder remover al jefe de Gabinete de su puesto.
Manuel Adorni estiró los tiempos y esperó la llegada del Mundial para presentar su declaración jurada. Pese al guión, el evento deportivo de mayor trascendencia global no logró correr el foco de atención del jefe de Gabinete. En pocas horas, la oposición en la Cámara de Diputados negoció una sesión especial para el martes 23 de junio, en la que se discutirán pedidos de informes verbales, la interpelación y una moción de censura, el mecanismo por el cual se puede remover al funcionario. En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el PRO presionan para que Adorni de explicaciones ante el Senado este mes. La suerte del jefe de Gabinete depende, como nunca antes, del partido de Mauricio Macri.
“Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, dijo Manuel Adorni el pasado 29 de abril, cuando fue a dar su informe de gestión acompañado por el presidente Javier Milei. Una presentación completamente inusual que dejó al mandatario en un lugar incómodo: o el jefe de Gabinete le miente o Milei es cómplice de las contradicciones e inconsistencias de su antiguo vocero. “Adorni les mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales”, aseguraron desde el bloque peronista en la Cámara baja.
Durante la tarde del miércoles, los distintos bloques de Diputados cruzaron mensajes y negociaron confluir en un pedido de sesión especial previsto para el próximo 23 de junio. El pedido lleva las firmas del peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y hasta la exlibertaria Marcela Pagano. Acompañan los radicales referenciados en Martín Lousteau y los diputados que responden a los gobernadores de Jujuy y Córdoba. “Hay que trabajar para tener quórum. La convocatoria de la sesión tiene una buena base, pero falta. La presión mediática y social va a crecer. Hasta el PRO se anima a criticar. Hay que ver si lo hacen por redes y chau, o si cumplen con el deber constitucional que tenemos y con el mandato popular para el que fuimos electos”, dijo a Página/12 la diputada Cecilia Moreau.
En efecto, desde el partido liderado por Mauricio Macri expresaron en un comunicado publicado en X: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”. Aún falta determinar si el comunicado partidario tendrá su correlato en el Congreso o si se trata de una nueva jugada del expresidente Mauricio Macri que luego desconocerán sus legisladores y gobernadores. Desde el bloque amarillo aseguraron a este diario que “todavía no se tomó ninguna decisión”. Por las dudas, el socialista Esteban Paulón respondió al comunicado y pidió que el PRO acompañe los emplazamientos.
Moción de censura
La sesión del 23 será el kilómetro cero de un largo recorrido que podría terminar con la remoción del jefe de Gabinete. Los proyectos que se tratarán ese día: pedidos de informes, la interpelación y la moción de censura no tienen dictamen y, por ende, para aprobarse sobre tablas requieren una mayoría de dos tercios. La oposición recurrirá así a la estrategia parlamentaria que utilizó durante todo 2025: convocar a sesión especial, reunir quórum y emplazar a comisiones las iniciativas que incomodan al oficialismo.
Por ahora, el PRO, la UCR y los diputados de Innovación Federal no se sumaron a la iniciativa, pero siguen de cerca y con asombro las novedades judiciales. Adorni depende como nunca antes de los aliados del PRO y de la UCR: si bien al interior de ambas fuerzas se escuchan reproches al jefe de Gabinete, no hay indicios de que vayan a soltarle la mano. Habrá que seguir con atención a los diputados que responden a Patricia Bullrich: la senadora calificó como una “omisión ética” el ocultamiento de Adorni en un gobierno que “hace de la moral una política de Estado”. Un juego de palabras que hace referencia a la ocultación maliciosa, un delito previsto en el artículo 268 del Código Penal. La figura alcanza a funcionarios públicos que omiten declarar bienes.
La moción de censura es una herramienta de control parlamentario incorporada a la Constitución Nacional tras la reforma de 1994. A diferencia de los sistemas parlamentarios europeos, donde puede provocar la caída de un gobierno, en la Argentina sólo aplica al jefe de Gabinete de Ministros. Para avanzar, requiere una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
A la ofensiva parlamentaria se suman, además, los proyectos que ingresaron a la Cámara baja para revertir el efecto de la Ley de Inocencia Fiscal, que permite a los funcionarios acogerse a la presunción de inocencia tributaria y blindarse ante el ARCA. La iniciativa de Esteban Paulón restringe el ingreso al régimen a funcionarios y sus familiares. Por su parte, el massista Sebastián Galmarini impulsa una nueva Ley de Integridad y Ética Pública que articule normas, procedimientos, organismos y políticas de prevención, detección y sanción de irregularidades en todo el Sector Público Nacional. En el Senado, Juliana Di Tullio busca derogar el blindaje fiscal que la ley de inocencia contiene en su interior.
Presión en el Senado
La inconsistente declaración jurada de Adorni también trajo repercusiones en la Cámara alta, un terreno controlado ahora por Patricia Bullrich. Tras la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, Adorni buscó mostrarse operativo y anunció que visitará el Senado durante el mes de julio para cumplir con la presentación de su informe de gestión. El senador del PRO Martín Goerling salió a apurar los tiempos: “Estimado Jefe de Gabinete: presenté una nota solicitando la convocatoria a reunión de Labor Parlamentaria para definir su presencia este mes de junio y exigir el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional”.
La vicepresidenta Victoria Villarruel sumó fichas al reclamo y recordó: “El jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes. Sin embargo, no lo hace desde que asumiera en noviembre del ’25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores”. Además, convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles. La vicepresidenta, aislada del oficialismo, fue tajante al evaluar la justificación patrimonial del jefe de Gabinete: “Es una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.
Al cierre de esta edición, los radicales de la Cámara alta trabajaban en su propio comunicado. Por su parte, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, publicó una foto de la mesa política que se reunió más temprano en la Casa Rosada. “Debatimos la agenda legislativa”, aseguró la hermana del Presidente, que compartió una imagen en la que se ve a Bullrich junto a la torta que Manuel Adorni había anticipado que iba a comprarle con motivo de su cumpleaños número 70. La estrategia libertaria sigue en pie: llegar al Mundial y esperar que el efecto tape las turbulencias. Por lo bajo las internas. Un senador libertario de buena sintonía con Bullrich dijo a este diario “A Adorni ya no le importa la opinión pública, solo trabaja en su defensa. Tiene miedo de ir preso”.
