El consumo interno de productos esenciales no repunta, mientras crece el de bienes durables como autos, motos e inmuebles. Tendencias contrapuestas entre las canastas.
La venta de alimentos básicos como leche, carne y yerba continúa en descenso: en el primer cuatrimestre del año cayó 1,7 por ciento, en tanto que los sectores de altos ingresos engordan el consumo de bienes durables como autos, motos e inmuebles: aunque a un ritmo más lento que a fines de 2025, quedaron 10,3 por ciento arriba en términos interanuales durante los primeros cuatros meses del año. De esta manera, la brecha social se profundiza en una economía partida y asimétrica por la escalada de la desigualdad en la distribución del ingreso.
Mientras la mesa de los argentinos se ajusta, el precio de la comida sigue al alza. Según la última medición oficial de inflación en mayo, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,5 por ciento y se ubicó por encima del 2,1 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general. A la dificultad de las familias para acceder a productos esenciales, se agrega que estos son los que más aumentan.
La narrativa del Gobierno nacional destaca los beneficios macroeconómicos de la gestión Milei, pero los indicadores de la economía real revelan un escenario marcadamente regresivo donde el mercado interno es la víctima principal. Según el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el país se encamina de forma acelerada hacia una “economía en forma de K”. La denominación describe un fenómeno de polarización extrema donde un pequeño grupo de sectores concentrados experimenta un fuerte dinamismo, y las actividades que sostienen el empleo y el bienestar de la mayoría de la población retroceden.
El eje más preocupante de esta dinámica se encuentra en las góndolas. La baja capacidad de compra de los salarios impide un repunte de consumos básico, consolidando una tendencia a la baja incluso si se la compara con los deprimidos registros del período previo. Los bancos y emisores de tarjetas de crédito vienen alertado que el financiamiento se está usando para cubrir gastos diarios en lugar de bienes durables, llevando la capacidad de crédito de las familias a un límite difícil de revertir.
Los datos evidencian que el ajuste fiscal y la desregulación de precios terminan impactando en el plato de comida de los sectores más vulnerables. Por el contrario, la otra mitad de la “K” muestra un comportamiento opuesto que refleja la magnitud de la brecha socioeconómica. Esta divergencia contrapuesta demuestra que el modelo económico actual genera una transferencia de recursos que beneficia casi exclusivamente a los estratos de altos ingresos, cuyos excedentes financieros les permiten volcarse hacia la adquisición de bienes de valor o de inversión.
A esta crítica situación del consumo se le suma el persistente deterioro del poder adquisitivo motorizado por el incremento de los costos logísticos y de transporte. Un ejemplo de esto es el precio real de la nafta, que acumuló una suba del 59,5 por ciento desde el cambio de gestión en diciembre de 2023. Este encarecimiento de los combustibles, impulsado en gran parte por la decisión del Gobierno de elevar los impuestos fijos por encima de la inflación para simular un superávit fiscal, actúa como un ancla contractiva para los ingresos de los hogares e impacta en los precios de toda la cadena. Como consecuencia indirecta, los costos de distribución de alimentos se trasladan a los precios finales, asfixiando aún más el presupuesto de las familias trabajadoras.
El diagnóstico del IAG concluye que la estabilización de variables macroeconómicas o el freno marginal de la inflación —que en mayo se situó en un 2,1 por ciento— no se traduce en un alivio para la población. Sin un mercado interno pujante, sin generación de empleo registrado (el cual cayó un 3,1 por ciento generalizado) y con actividades clave como la industria manufacturera y la construcción en franca caída libre, el repunte del consumo masivo parece una meta cada vez más lejana.
