Pollicita busca reconstruir gastos, obras en una propiedad, vínculos laborales y una compra millonaria detectada en el celular de un contratista.
Después de refaccionar a nueva su casa en el Country de Indio Cuá, Manuel Adorni y su esposa no se anduvieron con chiquitas y le encargaron al contratista de la obra, Matias Tabar, que compre un juego de sábanas premium, en las que se gastaron unos $8 millones, más de dos veces el sueldo del por entonces vocero presidencial. Así surge del peritaje del teléfono del testigo que hasta ahora más daño le hizo al jefe de Gabinete en el marco de la causa, que avanza a tientas. Con un ojo en los vaivenes políticos -entre la eventual decisión de la Rosada o la moción de censura en el Congreso- el fiscal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para contrastar la última entrevista de Adorni, después de la que parece haberse hundido más.
El fiscal decidió este miércoles profundizar la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, para determinar si sus ingresos coinciden con el crecimiento de sus bienes y el nivel de gastos de la familia. Las nuevas medidas apuntan a reconstruir cómo se movió el dinero en los últimos veinte años, a fin de corroborar la coartada de Adorni de que ganó cientos de miles de dólares en el mundo cripto.
El fiscal pidió información sobre propiedades, obras, contratistas y posibles vínculos laborales que hasta ahora no habían sido aclarados.
La suma de todo lo que el fiscal reconstruyó hasta ahora como gastos de la pareja alcanza casi el millón de dólares. Está a la espera de un informe contable del MPF sobre los gastos y deudas, paso previo a la citación a indagatoria de Adorni, que por ahora se sigue haciendo esperar, mientras es la política -los aliados en el Congreso y la oposición- los que ahora cercan la figura del jefe de gabinete.
Del pendrive a las sábanas
Uno de los datos que más llamó la atención apareció en el celular del contratista Matías Tabar. Allí encontraron una factura de $8.183.303,25 de junio de 2025 por un local de colchones y sábanas a nombre de Gisela Kocsis, una mujer señalada en la investigación como una presunta testaferro vinculada al entorno de Adorni.
Ahora, la fiscalía quiere saber quién pagó esa compra, qué medio de pago se usó y a qué domicilio fueron entregados los productos.
La investigación también se concentró en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. Pollicita pidió identificar a todos los proveedores, contratistas y empresas que ingresaron al lugar entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 para determinar cuánto dinero se destinó a reformas, materiales y amoblamiento.
Otro de los puntos bajo análisis es la situación de Silvia Pais, madre del funcionario. El fiscal solicitó información para confirmar si vive en Fincas de Iraola 2, desde cuándo reside allí y bajo qué modalidad ocupa la propiedad.
Además, pidió documentación sobre posibles vínculos laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.
Mientras la investigación avanza, la presión política también crece. El Senado debatirá el 2 de julio una posible interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, una fecha que coincidirá con la presentación de su informe de gestión.
