A partir de rastreos telefónicos, la Fiscalía General identificó a presuntos participantes en la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014. Sheinbaum dijo que “nada está descartado”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que siguen abiertas las investigaciones sobre posibles responsabilidades de antiguos altos funcionarios por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, uno de los casos emblemáticos de la crisis de violencia en el país, y aseguró que “nada está descartado”. En las últimas horas, la Fiscalía General de la República identificó a 17 nuevas personas de interés en la investigación, a partir del análisis de 80 mil cruces telefónicos que también permitió rastrear el uso de aparatos de tres estudiantes de Ayotzinapa después de los hechos.
“Siguen las investigaciones, pero tiene que haber pruebas”
“Nada está descartado. O sea, si siguen las investigaciones, pero como siempre decimos, tiene que haber pruebas”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre si las pesquisas podrían alcanzar a otros altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). La mandataria mexicana puso como ejemplo al exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente procesado por su actuación en las investigaciones de la desaparición de los estudiantes normalistas y por la construcción de la llamada “verdad histórica”, la versión presentada durante el gobierno de Peña Nieto.
“Murillo Karam fue detenido porque era evidente que había fabricado la verdad histórica, igual que otros funcionarios que están detenidos por esa causa”, afirmó Sheinbaum, quien precisó que el proceso contra el exprocurador no deriva de una participación directa en la desaparición de los estudiantes, sino de haber “inventado o generado las condiciones de manera artificial para dar un resultado en la investigación”.
Sheinbaum recordó que al inicio de su gobierno envió personalmente una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, para pedir su ayuda y gestionar la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, señalado por presuntas irregularidades en las primeras investigaciones del caso y quien permanece en ese país. La mandataria explicó que Herzog respondió que había planteado el asunto al poder judicial israelí, pero que la decisión quedaba fuera de su ámbito de actuación.
“Ahí la Fiscalía es quien está con el poder judicial de Israel para poder seguir presionando para que regrese, para que lo envíen”, señaló Sheinbaum. Las familias de los estudiantes reclamaron reiteradamente la extradición de Zerón y de otros prófugos localizados en el extranjero. Las solicitudes de extradición continúan entre los asuntos pendientes de la investigación.
Nuevas pesquisas 12 años después
Las declaraciones de Sheinbaum ocurren un día después de que la Fiscalía General y la Secretaría de Gobernación presentaran nuevas líneas de investigación derivadas del reanálisis de registros telefónicos y documentos acumulados durante los 12 años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes. Esa tarea permitió detectar “a 17 personas que no habían sido identificadas y que hoy son sujetas de investigación”, anunció Mauricio Pazarán, fiscal especial para este caso.
“El análisis evidenció comunicaciones entre servidores públicos, elementos policiales, personas vinculadas con grupos de la delincuencia organizada y particulares”, destacó Pazarán. Se descubrieron llamadas entre los perpetradores y miembros de un horno crematorio de Iguala, ciudad donde ocurrió el crimen, que también trabajaban para el servicio forense y el cementerio locales. En el sitio de la funeraria se halló un arma de procedencia ilegal y un hueso guardado en un cajón, explicó Pazarán, quien agregó que en una búsqueda posterior se localizaron más restos óseos sin registro y piezas dentales.
El análisis de las comunicaciones también permitió identificar a un empleado público y a un policía municipal que usaron los celulares de dos estudiantes días después de su desaparición. Existe también un nuevo testigo “que participó directamente de los hechos, pero que en esa época era menor de edad”, afirmó Pazarán. Fue detenido en abril e identificado como miembro del cartel Guerreros Unidos.
El fiscal subrayó que 168 personas están procesadas por el caso Ayotzinapa, de las cuales 130 se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio. 17 militares están procesados penalmente, y las pesquisas mantienen también responsabilidades federales abiertas. En agosto un exgobernador fue detenido por haber ordenado eliminar videos de seguridad en Iguala la noche de la desaparición. El exfiscal general del Estado también fue arrestado en 2022.
El anuncio llega después de que familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 lideraran el sábado una protesta para denunciar los doce años “sin respuestas” transcurridos desde el incidente, repitiendo ante miles de simpatizantes las preguntas que llevan planteando desde entonces: “¿Qué pasó esa noche?, ¿Quiénes agredieron a los 43 normalistas?, ¿Quiénes se los llevaron?, ¿Por qué?, y, sobre todo, ¿Dónde están?”.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales. La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron, y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula. Pero esos hechos fueron refutados por una nueva investigación, que reveló que los policías entregaron los estudiantes a los criminales.
