La jueza Jeannette Vargas dictaminó que la medida era ilegal y que se negaron visados incluso a inmigrantes que cumplían los requisitos.
Un tribunal federal estadounidense invalidó la suspensión de visados de inmigrante para 75 países impuesta a principios de año por el Gobierno del presidente, Donald Trump, al determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales con la medida.
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dictaminó la víspera en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es “manifiestamente ilegal” y cuestionó la justificación de la Administración de que los solicitantes de las naciones mencionadas presentaban un alto riesgo de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.
La magistrada señaló que se había ordenado a funcionarios estadounidenses denegar visados incluso a inmigrantes que cumplían los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, en contravención de una norma que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.
Vargas también destacó que la política socava el requisito del Congreso que coloca a los funcionarios consulares en primera línea de cualquier decisión sobre visas. “El Congreso dotó a estos funcionarios de autoridad y discrecionalidad exclusivas para determinar si un inmigrante es elegible para una visa, con base en la revisión de criterios específicos y detallados establecidos en la ley”, escribió.
“La política, que prohíbe de manera categórica la emisión de visas de inmigrante basándose en la nacionalidad del solicitante, representa una abrogación directa de este esquema legal” afirmó.
Consultado por EFE, un portavoz del Departamento de Estado indicó este sábado que no suelen comentar sobre litigios legales pendientes o en curso.
Sin embargo, el funcionario insistió en que “la Administración Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas”.
La lista de afectados por esta directiva incluía varias naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
La pausa en la emisión de visados, aplicada desde enero pasado, también abarcaba a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
El Departamento de Estado había justificado la decisión alegando que los inmigrantes de estos países representaban “un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas”.
Entre los demandantes del caso se incluyen cinco profesionales de Colombia que recibieron negativas a sus solicitudes de visado en las que se citaba la nueva política, además de seis estadounidenses que afirman que esta prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según el diario The New York Times.
El fallo de la jueza revoca también las denegaciones de visado basadas exclusivamente en la medida, lo que podría resultar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.
“Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración”, afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.
Según Cuevas Ingram, el tribunal “dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación”.
La organización sin fines de lucro African Communities Together, una de las demandantes, calificó el fallo como “una enorme victoria para el estado de derecho”.
“Esta prohibición ilegal y racista causó un daño inconmensurable, manteniendo cruelmente separadas a familias y seres queridos”, expresó en un comunicado Diana Konate, subdirectora ejecutiva de políticas y defensa. “Hoy, estamos encantados de decirles a los miembros de nuestra comunidad: esta prohibición ya no existe”.
La presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, insistió en que el fallo representa un “contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país”.
“La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello”, insistió.
Desde su regreso al poder, Trump priorizó la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, pero también restringió significativamente la entrada legal de extranjeros.
Varias de sus medidas más emblemáticas fueron anuladas por los tribunales.
Un juez federal anuló a principios de junio la tasa de 100.000 dólares para las visas de trabajo, comúnmente utilizadas en el sector tecnológico.
La Corte Suprema anuló a finales de junio un decreto emitido por Trump el primer día de su segundo mandato que eliminaba la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, con el objetivo de acabar con lo que él consideraba un incentivo para la inmigración ilegal.
