Con la presión de la calle, la oposición pretende voltear el DNU 70/23 de Milei en el Congreso. En el Gobierno aseguran que el fallo los tomó por sorpresa. Para el Presidente, fue “fantástico”.
Frente a la encerrona judicial que armó la Corte Suprema, al habilitar la venta ilimitada de tierra argentina, la oposición le busca una salida política: voltear en el Congreso el DNU 70/23 de Javier Milei. El decreto que permite la extranjerización ya fue rechazado por el Senado en 2024 y, para sepultarlo, solo se necesitan los votos en Diputados. La idea original es discutirlo en una sesión el próximo 15 de octubre, en el marco de una movilización popular que se desplegaría en todo el país y coincidiría con la marcha universitaria. En paralelo, para acercar posiciones con los aliados del oficialismo, los senadores de Unión por la Patria propusieron también derogar exclusivamente el artículo 154 del DNU, que dejó sin efecto la Ley de Tierras de 2011. La resolución de la Corte golpeó el relato nacionalista de la Casa Rosada sobre Malvinas y desacomodó sus planes legislativos. En el oficialismo aseguran que la resolución los tomó por sorpresa y ahora trabajan para desactivar la estrategia opositora. Javier Milei, en tanto, buscó despegarse del tema, dijo que no quería opinar sobre el fallo de los cortesanos, aunque lo calificó como “fantástico”.
La primera respuesta tras el pronunciamiento de los supremos llegó desde el Congreso. El diputado Germán Martínez se reunió con los excombatientes del CECIM La Plata, que habían presentado el amparo contra el decreto de Milei, y les prometió que convocarían cuanto antes a una sesión. “Es un fallo absolutamente escandaloso. No solo genera una situación de extrema vulnerabilidad en la soberanía territorial, sino también desconoce la voluntad del Senado, que ya se pronunció en contra de cualquier cambio en la Ley de Tierras. Por eso vamos a pedir la sesión”, expresó el jefe del bloque de UxP.
“Es repudiable. Va en contra de la voluntad popular, del interés nacional, de la división de poderes, de la Constitución y de los fundamentos de la Nación”, sumó a este medio el senador Eduardo De Pedro. Y completó: “También refleja un profundo desprecio y una enorme falta de respeto hacia los combatientes de Malvinas, a quienes se les exigió dejar la vida por la Patria, la soberanía y el territorio, pero se les niega el derecho a acceder a la Justicia”.
En el Congreso, el peronismo ya comenzó a conversar con los bloques aliados, aunque sabe que la pelea parlamentaria no será sencilla. El DNU de Milei permanece en los cajones de Diputados desde hace dos años y medio: el Senado lo rechazó en marzo de 2024 y, hasta el día de hoy, la oposición no logró reunir los votos necesarios para dejarlo sin efecto. De ahí que en el Congreso repitan que, para empujar la discusión, necesitan “el calor de la calle”. El objetivo es convocar a una sesión especial el 15 de octubre y hacer confluir el rechazo a la derogación de la Ley de Tierras con el reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Ese mismo día, la comunidad educativa realizará la quinta Marcha Federal, con movilizaciones en todo el país y una concentración frente al Palacio de Tribunales.
En el Senado, además, el peronismo presentó como alternativa un proyecto para derogar exclusivamente el artículo 154 del DNU de Milei y restablecer la Ley de Tierras, que fijaba un límite del 15 por ciento para la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa fue presentada por José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino. Como contraataque, Martín Menem evalúa desempolvar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como una vía para contraatacar la estrategia opositora e intentar contener a los aliados del oficialismo.
Avance opositor
La ofensiva parlamentaria encontró un amplio respaldo en el arco opositor. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la calificó como “el fallo de la infamia” y advirtió que “afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, cuestionó. En la misma línea, De Pedro planteó que “cuando la democracia y el Poder Legislativo le ponen un límite al poder económico, buscan un reaseguro para salirse con la suya”. “Antes eran los cuarteles militares; hoy es una Corte que habilita lo que el Gobierno no pudo conseguir en el Congreso”, afirmó, y subrayó que “la Ley de Tierras es una de las tantas razones por las cuales Cristina está presa y proscripta”.
La CGT, por su parte, repudió la resolución del máximo tribunal y reclamó que el Parlamento restablezca la Ley de Tierras. “La tierra argentina no es una mercancía” y “la soberanía no se negocia”, sentenció la central obrera.
Desde el radicalismo, el senador Martín Lousteau consideró que el pronunciamiento de la Corte exhibe una distancia entre las instituciones y la ciudadanía. “La Corte, más allá de lo jurídico, muestra una profunda desconexión con el sentir de la sociedad”, sostuvo. Elisa Carrió, en tanto, salió del ostracismo y exigió que los legisladores rechacen “de forma inmediata y contundente” el DNU. Además, manifestó que “estamos en presencia de un poder autoritario que afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina, de sus límites y fronteras”. “Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para enajenación de la Nación Argentina”, completó.
En la izquierda, la diputada del FIT Myriam Bregman pidió “anular el decreto 70/23” y reclamó una convocatoria urgente al recinto: “Nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”. La presión en las calles comenzará a tomar forma este viernes, cuando organizaciones sociales y partidos de izquierda se congreguen en Parque Lezama para “organizar la bronca contra el nefasto fallo” de los supremos.
Incomodidad en Casa Rosada
En el Gobierno aseguran que no militaron ni hicieron lobby por el fallo. Según dirigentes del oficialismo, la decisión de la Corte los tomó por sorpresa. “Nos metieron en un quilombo”, graficaron. La resolución llega en un momento particularmente sensible para la agenda legislativa de Milei. El oficialismo pretende avanzar en el Senado con la eliminación de las PASO y necesita encaminar antes el tratamiento del Presupuesto en Diputados. A esa negociación se suma la iniciativa sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que la Casa Rosada negocia en el Congreso, una agenda que ahora convive con la decisión de dejar sin efecto los límites a la extranjerización de tierras. En el oficialismo admiten que la combinación de esos movimientos legislativos genera un problema político difícil de zanjar y que el calendario suma otra variable: la llegada del Papa, prevista para el 8 de noviembre.
Cierta o no la explicación oficial, el Presidente buscó despegarse del fallo, al señalar que no quería inmiscuirse en temas de la Corte. “Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parezca correcto respecto de la Constitución”, sostuvo durante una entrevista desde París y concluyó: “Yo no tengo que meterme. Después vivimos llorando republicanismo”. Se trató de su primera declaración pública luego de que el tribunal dejara sin efecto una resolución de la Cámara Federal de La Plata.
Más allá del ámbito legislativo, el pronunciamiento de la Corte fija un criterio que puede resultar favorable al interés de Milei en futuros litigios contra sus decretos. Al considerar que no alcanza con invocar un interés colectivo para habilitar una demanda y que debe existir una legitimación concreta que configure un verdadero “caso o controversia”, el máximo tribunal levanta una barrera judicial contra organizaciones y entidades que quieran cuestionar medidas de alcance general. El efecto es principalmente procesal. Antes de discutir si una norma del Gobierno contradice la Constitución, los tribunales deberán determinar si quien la impugna está habilitado para hacerlo. La advertencia de la Corte a los jueces inferiores refuerza ese criterio y podría dificultar que futuras demandas colectivas avancen hasta una discusión sobre el fondo de los decretos. En suma, un fallo a la medida del Presidente.
