Los mandatarios meditan hasta dónde les conviene acompañar los proyectos del oficialismo, que carecen de apoyo popular. El Gobierno pide votar primero antes de resolver los reclamos.
El peso de la movilización convocada para el jueves, los mensajes virales en las redes y el resultado de varias encuestas que señalan que por lo menos el 70% de los argentinos está en contra de la venta de territorio argentino a capitales extranjeros condiciona a los dialoguistas y aliados que hasta ahora venían ayudando a Javier Milei. “El gobernador no me dio directivas”, respondió un senador que en algunas votaciones fue clave a favor de la Casa Rosada y que pidió reserva de su nombre. El legislador explicó a este diario que aún si la ley sufriera más modificaciones, sería difícil sostener una postura favorable ante una ciudadanía que la rechaza en forma contundente.
En un escenario de disputa voto a voto, el joven presidente de la UCR, Leonel Chiarella, empezó a llamar uno a uno a los gobernadores y senadores de su partido en un último intento por convencerlos de votar en contra del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, especialmente del capítulo Ley de Tierras, que entre otras modificaciones quita todo límite a la venta a extranjeros y permite la venta de territorio dañado por incendios.
Un puñado de gobernadores -peronistas, de partidos provinciales y radicales- tiene en sus manos el destino del proyecto de Federico Sturzenegger que con esfuerzo defiende Patricia Bullrich en el Senado y al que Eduardo Vischi -correntino y jefe de su bancada- incorporó modificaciones en nombre de los jefes provinciales radicales.
Si algunos gobernadores no operan a favor -como es el caso del catamarqueño Raúl Jalil, del misionero Hugo Passalacqua y del tucumano Osvaldo Jaldo que guarda público silencio- la UCR se vuelve aún más determinante. De la misma manera, pesará el centenario partido en el apoyo o no a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que Javier Milei presentó en cadena nacional.
Recién ingresado en la Cámara de Diputados, el proyecto que blindaría el modelo libertario y al actual presidente del BCRA, Santiago Bausili, genera resquemores entre los gobernadores, incluso los aliados, que antes de comprometer su acompañamiento analizan el impacto que tendría sobre sus administraciones.
En este marco, tanto el oficialismo como la oposición ponen todo su esfuerzo en la sesión de la Cámara Alta que pasó a cuarto intermedio hasta este jueves, mientras analizan los efectos de la iniciativa que más interesa al Presidente respecto a la política fiscal y monetaria.
Pesan sobre los gobernadores por lo menos tres situaciones. En primer lugar la presión social en sus propios territorios y por ende la incidencia en el próximo turno electoral; en segundo lugar las urgencias en materia de obras e infraestructura que piden se incorporen al Presupuesto 2027 y, en tercer lugar, las definiciones electorales que Karina Milei y Lule Menem mantienen en una nebulosa. Una vez más el Gobierno pide votar mientras promete resolver los pendientes después de la sesión en el Senado.
La UCR tiene cinco gobernadores y diez senadores. De las provincias con gestión radical Mendoza (Alfredo Cornejo) y Chaco (Leadro Zdero) vienen siendo incondicionales a la Casa Rosada. La buena sintonía con Diego Santilli terminó de arrimar al correntino Juan Pablo Valdés y profundizó el diálogo con el jujeño Carlos Sadir y el santafesino Maximiliano Pullaro que cada vez resuelven más según intereses locales que en el marco del espacio Provincias Unidas que conformaron con peronistas no K, socialistas y PRO junto a Martín Llaryora (Córdoba); Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
“Los radicales siempre fueron un tema. Dependen del comité, del presidente del partido, de la convención radical, de la junta departamental radical, de la junta barrial radical y, cuando se ponen de acuerdo, votan lo que quieren”, graficaba un diputado de un partido provincial que integra el interbloque Innovación Federal, otro espacio que vota dividido.
En ese contexto, y con los argumentos analizados por el Comité Nacional, Chiarella busca dar vuelta votos que la Casa Rosada considera a favor. El argumento que esgrime, plasmado en un comunicado, es que la megaley compromete “la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos”. “La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra”, repitió en sus comunicaciones, aunque por ahora sólo tiene el acompañamiento de dos o tres senadores, uno de ellos el bonaerense Maximiliano Abad. Cornejo, de Mendoza, todavía no recibió el llamado de Chiarella y cuenta casi todo el bloque a favor, como también a favor de la nueva carta orgánica del Central, una iniciativa que se parece mucho a la del mendocino Lisandro Nieri y que por ende apoyará.
Con dos senadoras ausentes -una por reciente maternidad y otra por problemas de salud- el Gobierno necesitaría abroquelar 36 de los senadores presentes. El peronismo, que opera a través de José Mayans, Jorge Capitanich y Eduardo “Wado” de Pedro, cuenta con optimismo 28 seguros y 33 casi cerrados mientras rumia contra los posibles “gobernadores traidores”. Si agregan a Abad; a los dos senadores que responden al gobernador santacruceño Claudio Vidal; al catamarqueño peronista Guillermo Andrada y un voto de Santa Fe podrían alcanzar las 36 voluntades.
En caso de un posible empate, la definición quedaría en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que, a diferencia de lo que hizo en la Ley Base, esta vez no acompañará. También de buen diálogo con varios de los gobernadores -que podrían terciar para uno u otro lado- Villarruel opera en contra tal como quedó de manifiesto en su ventilada discusión con Patricia Bullrich. Embanderado con los colores violeta, Santilli le pidió la renuncia y, a sabiendas de que no dará un paso a un costado, probablemente Milei adelante un viaje para que el jueves 6 ella quede a cargo del Poder Ejecutivo y Bartolomé Abdala al frente del Senado.
En la cuenta en contra de la ley, son definitorios los senadores de Misiones. En ese caso busca votos en contra de la ley el diputado nacional y exgobernador Oscar Herrera Ahuad, que defiende la postura del gobernador Hugo Passalacqua mientras conversa con la Iglesia y los campesinos que cada día se ven más afectados por la política económica de Milei. El peronismo cree que tanto Carlos Arce como Sonia Rojas Decut votarán en contra, aunque hay quien tiene reparos y cree que sólo la senadora se animará a rebelarse contra Carlos Rovira, que las últimas dos décadas ejerció todo el poder desde la Legislatura provincial.
Si bien la cordobesa Alejandra Vigo tiene juego propio, vuelve a quedar en evidencia que Córdoba no tiene alineamiento automático, a pesar de la reciente transferencia de recursos en concepto de ATN. A su anunciado voto en contra se le suma con certeza el catamarqueño Andrada y probablemente la tucumana Beatriz Ávila y la jujeña Carolina Moisés. Al menos en general y hasta este fin de semana, los integrantes de Convicción Federal defendían su proyecto de minoría, aunque se especula con el apoyo a algún capítulo de la ley de Sturzenegger. Andrada es amigo de Jalil; Avila tiene un monobloque apañado por Jaldo y Moisés habla tanto con Jalil como con el salteño Gustavo Sáenz.
En Casa Rosada hacen otras cuentas. Además del apoyo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que aporta el voto de Julieta Corroza, suman al correntino Carlos Espínola, que también tiene juego propio, pero en sintonía con el gobernador Valdés; a Flavia Royón, que responde a Sáenz, e incluso a Ávila a pesar del silencio de Jaldo.
El PRO no tiene disidencias entre sus mandatarios e incluso podría terciar a favor el chubutense Ignacio Torres. Producto de las alianzas del 2025 a favor de La Libertad Avanza ni Rogelio Frigerio (Entre Ríos) ni Marcelo Orrego (San Juan) tienen votos en el Senado, pero sí opinión a favor.
