Tras la votación, los partidos de derecha gritaron “Send them back!” (envíenlos de vuelta), mientras que los eurodiputados en desacuerdo con la normativa corearon “Shame on you” (dan vergüenza).
El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor del texto legal del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, además de agilizar las deportaciones. El voto tuvo lugar en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de los gobiernos europeos ante los cambios al respecto en la opinión pública, que impulsaron los avances electorales de la extrema derecha en todo el continente.
Los eurodiputados avalaron el texto con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio. Tras la votación, los grupos políticos de derecha celebraron con aplausos y gritaron “Send them back!” (envíenlos de vuelta, en inglés), mientras que los eurodiputados que no estaban de acuerdo con la normativa corearon “Shame on you” (dan vergüenza, en inglés).
Los detalles del reglamento
El texto aprobado contempla la obligación de abandonar inmediatamente o en un plazo determinado el territorio comunitario a personas de fuera de la Unión Europea (UE) que no estén en situación regular, aunque “respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional”, explicó el Parlamento Europeo en un comunicado. Entre estos derechos se incluyen el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas.
Los ciudadanos que hayan recibido una orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades. En los casos en los que no se coopere, si existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo para la seguridad, se contemplan detenciones que deben ser ordenadas por autoridades judiciales o administrativas y que pueden alargarse hasta 24 meses, con la posibilidad de prorrogarse otros seis. En el caso en el que este ciudadano se traslade a otro Estado miembro, el período empezaría aplicarse de nuevo.
“Un capítulo oscuro”
Estas disposiciones provocaron la indignación de organizaciones de derechos humanos y de políticos de izquierda. Maria Nyman, de la organización humanitaria católica Caritas, advirtió que la medida corre el riesgo de “estigmatizar y criminalizar a los migrantes, alimentando la polarización en un momento en que nuestras sociedades necesitan urgentemente mayor cohesión”.
Alessandro Zan, del grupo socialdemócrata S&D, calificó la reforma como “un capítulo oscuro para Europa”. “Abre la puerta a deportaciones forzosas, controles cada vez más invasivos al estilo del ICE de la era Trump, y a la normalización de la detención incluso de personas que no han cometido ningún delito”, afirmó Zan en referencia a las prácticas coercitivas de la agencia estadounidense de Inmigración y Aduanas bajo la presidencia de Donald Trump.
Según las nuevas normas, será posible trasladar a los migrantes con una resolución de retorno, a excepción de los menores no acompañados, a los denominados “centros de retorno” situados en el territorio de un país que acepte acogerlos, en base a un acuerdo que los Estados miembros deberán negociar por su parte. En la actualidad Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia negocian conjuntamente con terceros países -que no han trascendido- para poner en marcha estos centros de retorno.
El pasado 11 de junio, España formalizó ante la UE su rechazo a esta normativa en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas que contempla, entre las que mencionó las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de su libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.
“Contra las mafias y la inmigración ilegal”
“Europa ha cumplido. Los ciudadanos esperan, con razón, que quienes no tienen derecho a quedarse regresen a sus países de origen. Por eso mi prioridad es clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y después de casi 20 años de bloqueo, Europa va a contar con ellas”, dijo el eurodiputado neerlandés Malik Amazani, responsable de la tramitación parlamentaria del texto.
El eurodiputado popular Tomas Tobé sostuvo que “Europa debe tener la capacidad de decidir quién entra, quién se queda y quién debe regresar” y que la votación “devuelve la credibilidad a nuestra política migratoria y vuelve a situar la aplicación de la ley en el centro de la misma”. Para el socialista Juan Fernando López Aguilar, la nueva norma “socava derechos fundamentales reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y se aleja de los compromisos asumidos en el Pacto sobre Migración y Asilo”.
Por su parte el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé dijo que el reglamento “garantiza la cooperación con terceros países, la lucha contra esa inmigración ilegal, el establecimiento de un procedimiento común de retorno a toda Europa y una cuestión fundamental para luchar contra el fraude de las mafias y de la inmigración ilegal”. El texto aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo y, posteriormente, será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, antes de su entrada en vigor.
Los defensores sostienen que los centros de retorno (que funcionarían como destino final o como centros de tránsito para expulsados) podrían facilitar las repatriaciones y actuar como elemento disuasorio para potenciales migrantes irregulares. Pero sus críticos cuestionan su eficacia, señalando los obstáculos que han enfrentado proyectos similares, y los comparan con “agujeros negros legales” que podrían dejar a los migrantes atrapados en un limbo con escasa supervisión.
