El proyecto impulsado por Javier Milei crea un registro de gestores de intereses y sanciona con prisión a quienes no se inscriban.
Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) hasta Amnistía Internacional, desde la Unión Industrial Argentina hasta el CELS. Un abanico diverso de organizaciones no gubernamentales, pero también de cámaras empresarias criticaron el proyecto de la ley de Lobby que impulsa el gobierno de Javier Milei. Las ONGs alertaron que busca generar “un efecto de silenciamiento” y que no pretende regularizar la gestión de intereses corporativos sino criminalizar la participación ciudadana. “Si formar parte del debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad”, indicaron 190 asociaciones en un comunicado.
El proyecto del oficialismo que comenzó a debatirse esta semana en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General tuvo fuertes críticas durante las exposiciones. Las principales están en la creación del Registro Público de Gestores de Intereses, una categoría amplísima que no distingue entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Para el proyecto libertario, cualquier persona humana y jurídica que realice gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo tiene que inscribirse, declarar si hacen lobby de manera gratuita o si lo cobran, si representan a intereses locales o extranjeros y, además, tiene que presentar un informe trimestral con los detalles de sus actividades.
En ese concepto tan amplio, la ley no diferencia entre, por ejemplo, el representante de una minera que busca modificar la Ley de Glaciares de un grupo de familias de personas con discapacidad que intenta impulsar la Emergencia en el sector. Ahí está la alarma. “El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder”, señalaron casi 200 organizaciones y alertaron: “Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias”.
Es que el proyecto libertario tipifica la “gestión clandestina de intereses” como delito penal y castiga con penas de prisión de 6 meses a 2 años a quienes realicen gestiones sin estar inscriptos en el registro oficial. Siguiendo esa lógica, cualquier grupo de la sociedad civil que se acerque a un diputado o senador para impulsar una propuesta y no esté en el registro puede ir a la cárcel. “Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobista corporativo no es una ley de transparencia”, dijo el director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, en referencia a la lucha que dio la mamá de Marita Verón para sancionar la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas.
“Es una ley que busca controlar las agendas de las organizaciones de la sociedad civil y a los legisladores”, le dijo Secchi a Página/12.
“Ataca a los movimientos ciudadanos de diferentes extractos ideológicos. Desde Susana Trimarco hasta Juan Carlos Blumberg o María Luján Rey, que son personas que incidieron en políticas públicas y es como pedirle a esa gente que se registre en una agenda de gestión de intereses, que tenga que hacer informes trimestrales sobre sus actividades y con quién se ha reunido, etcétera, es una ridiculez. Hay que pensar un poquito más en este tipo de proyectos”, agregó.
Para Secchi, lo más riesgoso del proyecto libertario es que “no diferencia entre hacer lobby para ganar dinero por una ventaja legislativa con lo que llamamos históricamente el lobby cívico, o tener incidencia en nuestros representantes, que es totalmente diferente”. Y agrega: “regula las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a que casi que hay que pedir permiso para reunirse con algún legislador”. Además, aclaró que también es un peligro para los partidos políticos, “que si se quieren juntar con una organización de la sociedad civil en reserva por determinado tema, lo tienen que informar”.
Estos pasos burocráticos, además de las sanciones, pueden desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces y profundizar las desigualdades entre quienes tienen mayores recursos y los que impulsan interes colectivos o comunitarios sindicatos, como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales. Para la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, “leyes de este tipo avanzan hoy en gobiernos autoritarios de distintos países del mundo”. En diálogo con este diario dijo que “con este proyecto, el Gobierno pretende restringir la actividad política, el control democrático, la participación social y la libertad de expresión, y darle aún más herramientas de persecución y vigilancia al Estado”.
El proyecto de LLA también indica que las y los gestores de intereses deben especificar si representan intereses nacionales o extranjeros. En este punto también se prendieron las alertas porque la autoridad de aplicación podría pedir información extraordinaria a las organizaciones que reciben dinero del exterior– algo habitual en áreas como derechos humanos, transparencia o fortalecimiento democrático– invocando conceptos como “seguridad interior” o “interés público”. “El enfoque sobre ‘intereses extranjeros’ y la incorporación de sanciones penales generan preocupaciones relevantes para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional”, señalaron en un comunicado de la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI).
El director Ejecutivo en Fundación Huésped, Leandro Cahn, aseguró que con este punto el Gobierno “busca asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil”. “Para muchos de los temas en los que nosotros trabajamos y que han avanzado, particularmente en la salud, la cooperación internacional ha sido uno de los motores fundamentales para poder tener mejores herramientas sanitarias, desde vacunas hasta medicamentos, por ejemplo”, le dijo Cahn a Página/12.
Las ONGs indicaron que el proyecto libertario combina elementos de leyes clásicas de lobbying y transparencia, como las de Chile, Perú o México con componentes similares a regulaciones de influencia extranjera en países como El Salvador o Hungría, que siguen un patrón común: normas presentadas como herramientas de transparencia o regulación terminan ampliando las capacidades estatales de supervisión sobre la sociedad civil.
“Es algo que ya vimos en otros lugares del mundo como en Rusia con Putin, en Hungría con Orbán, en El Salvador con Bukele, en Nicaragua con Ortega o en Paraguay, donde hay leyes muy restrictivas”, dijo el representante de la Fundación Huésped y advirtió: “toda la ley conspira contra la participación, y eso, indirectamente, genera un efecto de silenciamiento”.
A modo de ejemplo, Cahn expuso la lucha de varias organizaciones para que se generen los mecanismos legales y administrativos para la provisión de antirretrovirales para VIH, “que han salvado millones de vidas. Hubiera sido prácticamente imposible para muchas de esas personas con VIH, de esas organizaciones comunitarias, poder acceder al diálogo político y con funcionarios y con legisladores si esta ley hubiera estado vigente en ese momento”.
Hasta Amcham lo critica
Lo curioso es que hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina hizo observaciones al proyecto de Javier Milei, siempre fielmente alineado a los designios de Donald Trump. “Nos preocupa la incorporación de sanciones penales”, dijo el CEO de AmCham, Alejandro Díaz, en el plenario de comisiones. “Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en la elaboración de políticas públicas”, agregó y pidió cambiar a un régimen de “sanciones administrativas gradual, proporcional y progresivo”.
También se quejó de la propuesta sobre los intereses extranjeros y de que “las empresas con actividades de inversión sean consideradas automáticamente como representantes de intereses extranjeros por solo formar parte de grupos internacionales”.
Desde la UIA también levantaron la voz. La Directora de Departamentos Técnicos, Agustina Briner, pidió que se incorpore la figura del “beneficiario colectivo” para diferenciar las gestiones que hacen las empresas privadas de las de las cámaras que representan a sectores productivos.
Con todas estas objeciones, difícilmente el gobierno pueda conseguir las firmas de los aliados para conseguir dictamen y llevarlo al recinto el 24 de junio.
